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Tolerancia cero en Italia: Giorgia Meloni endurece las leyes penales y de seguridad tras los disturbios en Milán

El gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni aprueba un severo decreto ley que castiga con cárcel las protestas violentas, responsabiliza económicamente a los padres por los daños de sus hijos menores y militariza zonas estratégicas urbanas.
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El gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni aprueba un severo decreto ley que castiga con cárcel las protestas violentas, responsabiliza económicamente a los padres por los daños de sus hijos menores y militariza zonas estratégicas urbanas.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha ratificado una postura de máxima firmeza institucional ante los recientes brotes de violencia callejera que sacudieron al país. Tras los graves disturbios y destrozos registrados en el centro económico de Milán, la mandataria aprobó un decreto de urgencia sobre seguridad enfocado en erradicar de raíz el vandalismo organizado en las manifestaciones públicas. En declaraciones difundidas a través de sus canales oficiales, Meloni justificó la rigidez de las medidas señalando de forma tajante que “el vandalismo y el robo no son protesta, son delincuencia”.
El nuevo paquete legal introduce reformas estructurales sustanciales dentro del ordenamiento penal y preventivo de Italia:

  • Penas de prisión por participación violenta: Se tipifica de manera específica el delito de participación hostil en manifestaciones públicas. Aquellas agrupaciones de cinco o más personas que lancen objetos contundentes, piedras o petardos afrontarán condenas de hasta 5 años de cárcel y multas administrativas que alcanzan los 20.000 euros. Organizar o coordinar este tipo de disturbios mediante plataformas digitales o redes sociales recibirá penas de 4 a 12 años de prisión.
  • Imputabilidad y detención preventiva a menores: El decreto elimina ciertas atenuantes por minoría de edad, fijando la presunción de discernimiento automático para jóvenes de entre 14 y 17 años. Esto faculta a las fuerzas policiales a aplicar la detención preventiva si consideran que el menor representa un peligro latente para la seguridad ciudadana.
  • Responsabilidad civil obligatoria: Bajo la premisa económica de “el que rompe, paga”, los infractores deberán resarcir de sus propios fondos los daños ocasionados a la infraestructura pública o comercial. Cuando los responsables materiales sean menores, los padres asumirán la responsabilidad financiera total de las indemnizaciones, sumado a penalizaciones particulares de entre 500 y 1.000 euros.
  • Refuerzo con patrullaje militar: Junto con la entrada en vigor de los cambios normativos, el Consejo de Ministros dispuso el despliegue inmediato de 500 efectivos adicionales del Ejército en la ciudad de Milán con la misión de blindar el orden público e inhibir nuevos focos de alteración social.
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