La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para regular los alquileres de vivienda, limitar los incrementos anuales de las rentas y establecer mecanismos de protección para inquilinos y propietarios. Sin embargo, la propuesta no incluye directamente a Airbnb ni a otras plataformas de hospedaje temporal, cuya regulación seguirá por una vía jurídica distinta.
El proyecto, denominado Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, busca establecer reglas para los contratos de arrendamiento de largo plazo y atender problemas relacionados con el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación. La iniciativa fue presentada ante el Congreso local y todavía debe discutirse; por tanto, sus disposiciones no deben confundirse con una ley ya aprobada.
¿Por qué Airbnb quedó fuera de la Ley de Rentas Justas?
La regulación de plataformas digitales de hospedaje temporal, como Airbnb, no forma parte central de esta iniciativa porque el Gobierno de la Ciudad de México considera que esos servicios deben atenderse mediante un marco normativo diferente.
El secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz, explicó que la renta digital de corta estancia ya está contemplada en la Ley de Turismo de la CDMX. También señaló que las medidas existentes deben evolucionar para mejorar su cumplimiento y fortalecer la supervisión de este tipo de alojamiento.
Por ello, que Airbnb quede fuera de la nueva iniciativa no significa que la plataforma esté exenta de regulación. La administración capitalina sostiene que ese trabajo continuará por separado.
La diferencia principal está en el tipo de arrendamiento: mientras la Ley de Rentas Justas se enfoca en viviendas destinadas a habitación mediante contratos de largo plazo, las plataformas de hospedaje temporal se rigen por disposiciones relacionadas con la actividad turística.
¿Qué propone la Ley de Rentas Justas en CDMX?
La iniciativa plantea cambios al marco legal de los arrendamientos habitacionales. Entre las principales medidas se encuentran las siguientes:
- Limitar los aumentos anuales: la renta no podría incrementarse por encima de la inflación del año anterior, conforme al índice establecido en la propuesta.
- Establecer contratos de al menos un año: los arrendamientos de vivienda tendrían una duración mínima obligatoria.
- Crear un registro digital de contratos: los acuerdos deberán formalizarse por escrito y registrarse ante la autoridad correspondiente.
- Ofrecer asesoría jurídica gratuita: la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias brindaría orientación, mediación y apoyo legal a inquilinos y propietarios.
- Limitar las garantías exigidas: se busca evitar que los arrendadores acumulen requisitos excesivos para rentar una vivienda.
- Acompañar los procesos de desalojo: un gabinete interinstitucional daría seguimiento social a estos procedimientos, especialmente cuando haya familias en situación vulnerable.
- Sancionar incumplimientos: el proyecto contempla multas para quienes infrinjan determinadas obligaciones.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha aclarado que la propuesta no pretende congelar los precios de los alquileres ni establecer una tarifa única. Su objetivo declarado es fijar reglas para los incrementos y fortalecer la protección jurídica de ambas partes.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para atender el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes hacia zonas periféricas. La administración sostiene que limitar los aumentos de las rentas y reforzar los derechos de quienes alquilan puede contribuir a que las familias permanezcan en sus comunidades.
