Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos indígena tzotzil de la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades y testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el interior de un taller mecánico, donde dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon en al menos siete ocasiones con un arma corta. Los agresores huyeron del lugar y, hasta el momento, no se ha informado de detenciones.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, confirmó el homicidio y desplegó personal de investigación, agentes y peritos para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para supervisar las diligencias por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Llaven indicó que, de manera preliminar, no se aprecian indicios de un móvil político o social, aunque las investigaciones continúan abiertas y aseguró que no habrá impunidad.
Pérez Pérez dedicó más de una década al acompañamiento de familias afectadas por la violencia en la zona. Representaba a alrededor de 63 familias indígenas tzotziles desplazadas del poblado de Santa Martha en junio de 2022, quienes se refugiaron en Polhó. También fungió como mediador en el conflicto agrario entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, y desde 2024 amplió su labor al acompañamiento de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.
El activista había denunciado amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones desde al menos octubre de 2022. En 2023 fue incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas alertaron al gobierno mexicano en 2025 sobre presuntos ataques armados, amenazas y un intento de desaparición en su contra. Colaboradores cercanos expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en la región tras el crimen.
La zona de Los Altos de Chiapas registra desde hace años tensiones por disputas territoriales, desplazamiento forzado de comunidades indígenas y presencia de grupos armados. Organizaciones de derechos humanos han documentado reiterados ataques contra defensores en el estado, en un contexto que también incluye violencia vinculada a la disputa de rutas del crimen organizado en la frontera sur.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han precisado la identidad de los responsables ni el móvil definitivo del ataque. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación y ha solicitado información a testigos y el análisis de posibles evidencias en el lugar de los hechos. Familiares, compañeros de trabajo y comunidades acompañadas por Pérez Pérez demandan el esclarecimiento del caso y garantías de seguridad para quienes continúan laborando en la defensa de derechos en la región.
