La voz de pobladores mayas de la Selva de Chiapas puso sobre la mesa una pregunta de fondo durante la Asamblea Regional de Consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: ¿puede considerarse plenamente informado un acuerdo cuando conceptos jurídicos complejos son sometidos a votación a mano alzada sin que todas las personas hayan tenido tiempo suficiente para comprenderlos, discutirlos y llevarlos primero al seno de sus propias comunidades?

El cuestionamiento surgió tras la asamblea realizada el pasado 16 de agosto en Palenque, una de las sedes contempladas por el Gobierno de México dentro del proceso nacional de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. De acuerdo con el colectivo Tseltal Bachajón Comunicación, habitantes que participaron en la jornada expresaron preocupaciones relacionadas con las condiciones de las mesas de trabajo, la metodología utilizada para alcanzar acuerdos y la manera en que fueron sometidas a consideración distintas propuestas.

La sede de Palenque forma parte oficialmente de las 82 Asambleas Regionales de Consulta previstas para agosto y septiembre de 2026. En esta región fueron convocados pueblos Ch’ol, Tseltal y Tsotsil de distintas zonas de la Selva y el norte de Chiapas. El calendario oficial estableció el 16 de agosto como fecha para esta asamblea.

El proceso tiene un alcance nacional. La propuesta de nueva Ley General fue elaborada a partir de los trabajos coordinados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con participación de un Comité Técnico Asesor y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. El INPI informó que la consulta contempla la participación de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano y que los resultados deberán ser sistematizados e incorporados al proyecto legislativo antes de su presentación ante el Congreso de la Unión.

Precisamente por tratarse de una iniciativa que pretende establecer las bases jurídicas para el ejercicio de derechos colectivos, la forma en que se desarrolla la consulta adquiere una relevancia que va más allá de la organización de una jornada pública. El propio protocolo oficial establece que el proceso debe ser previo, libre e informado y contempla etapas de información, deliberación, propuestas, recomendaciones, conclusiones, así como implementación y seguimiento.

El señalamiento de Tseltal Bachajón Comunicación se concentra en uno de los momentos más delicados del ejercicio: la toma de acuerdos. Según el colectivo, durante las mesas hubo cuestionamientos por el exceso de ruido y por la realización de votaciones a mano alzada sobre conceptos jurídicos y propuestas que, desde la perspectiva de algunos asistentes, no fueron explicados con suficiente claridad.

La preocupación no se limita al mecanismo físico de levantar la mano. Lo que está en discusión es si ese procedimiento permite reflejar una decisión verdaderamente informada cuando las personas participantes no cuentan con condiciones suficientes para conocer a profundidad aquello que están aprobando o rechazando.

El colectivo sostuvo que una votación de este tipo no necesariamente representa un consentimiento plenamente informado si quienes participan no han tenido tiempo suficiente para comprender, discutir y deliberar sobre el contenido de las propuestas. A ello añadió otro elemento que considera relevante: en algunos casos, las personas que acudieron a la asamblea no lo hicieron necesariamente con un mandato previamente acordado por sus comunidades, sino a título individual.

Este último punto toca directamente uno de los principios centrales del proceso diseñado por las autoridades federales. La convocatoria oficial establece que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deben participar mediante sus autoridades e instituciones representativas, mientras que la etapa deliberativa está prevista para que las comunidades analicen previamente la propuesta conforme a sus propios sistemas normativos.

El protocolo también contempla que, antes de las Asambleas Regionales, los pueblos y comunidades reciban información sobre la propuesta y lleven a cabo su deliberación comunitaria. Posteriormente, las asambleas regionales deben servir para analizar propuestas, reflexiones y observaciones en mesas de trabajo y llevar sus conclusiones a una plenaria.

Por ello, para los pobladores que expresaron sus inconformidades en Palenque, la discusión no debería agotarse en saber cuántas manos se levantaron durante una sesión. El desafío, plantearon, consiste en garantizar que detrás de cada acuerdo exista un proceso previo de información, discusión y deliberación colectiva.

La preocupación adquiere mayor peso cuando el debate se traslada a asuntos que pueden tener consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las comunidades. Entre los temas señalados por los participantes estuvieron el territorio y el régimen jurídico del agua, asuntos sobre los que consideraron necesario profundizar y precisar las implicaciones de la propuesta legislativa para los derechos colectivos sobre las tierras, los territorios, las aguas y los recursos naturales.

La propia documentación oficial reconoce que la futura legislación busca establecer bases y directrices relacionadas con la libre determinación y autonomía, además de proteger derechos vinculados con los territorios, las culturas, las lenguas y otros aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La propuesta de iniciativa también contiene disposiciones y definiciones relacionadas con el medio ambiente y establece que determinadas medidas administrativas o legislativas susceptibles de generar afectaciones o impactos significativos pueden dar lugar al derecho de consulta previa, libre e informada.

De ahí que la ausencia o insuficiencia de una discusión ambiental y territorial sea una de las inquietudes expresadas por los habitantes durante la jornada de Palenque. Para comunidades cuya vida económica, cultural y social mantiene una relación estrecha con la tierra, el agua, los bosques y otros bienes naturales, la discusión jurídica no puede separarse de las condiciones concretas en las que esos derechos se ejercen.

El Gobierno de México ha presentado el proceso como un ejercicio de alcance histórico. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria el 29 de junio y el INPI informó que la consulta se extendería a 16 mil 728 comunidades de los pueblos indígenas y afromexicano, con materiales traducidos a las 68 lenguas indígenas reconocidas en el país. El propio INPI reportó que durante julio se programaron visitas a las comunidades para entregar la convocatoria, el protocolo, la propuesta legislativa y cuadernillos explicativos.

La intención oficial, por tanto, es que las comunidades conozcan el contenido antes de participar en las asambleas regionales. La plataforma oficial de la consulta señala expresamente que la Jornada Nacional de Entrega de Información tiene como propósito que las comunidades cuenten con información suficiente para participar en las Asambleas Regionales de Consulta.

En Palenque, sin embargo, algunos participantes consideraron que las condiciones concretas de la jornada no fueron suficientes para garantizar una deliberación con la profundidad necesaria. El señalamiento coloca el foco no sólo en el contenido de la iniciativa, sino en el procedimiento mediante el cual se pretende recoger la voz de los pueblos.

Tseltal Bachajón Comunicación subrayó que una consulta indígena no debería convertirse únicamente en un ejercicio administrativo para levantar actas, registrar asistentes y contabilizar votos. Desde su perspectiva, la legitimidad depende de que las comunidades dispongan de condiciones reales para conocer las propuestas, analizarlas colectivamente, plantear modificaciones y expresar acuerdos o desacuerdos sin presiones relacionadas con el tiempo, el cansancio o la falta de información.

El colectivo puso especial énfasis en que la deliberación debería producirse en el seno de las propias asambleas comunitarias indígenas y no únicamente en un espacio regional externo a ellas. Esa observación resulta particularmente relevante frente al diseño oficial del proceso, que contempla una etapa deliberativa comunitaria previa a las Asambleas Regionales.

La diferencia entre ambos momentos es fundamental. Una asamblea regional puede reunir a representantes y participantes de distintas comunidades para construir propuestas y conclusiones, pero la legitimidad de quienes intervienen y el mandato con el que acuden se vuelve determinante cuando se trata de definir posiciones sobre derechos colectivos.

La consulta, además, todavía no concluye. El calendario oficial establece que las Asambleas Regionales comenzaron el 7 de agosto y deberán concluir el 13 de septiembre de 2026. Después deberán continuar las fases previstas para sistematizar los planteamientos y dar seguimiento a los acuerdos.

Eso significa que los cuestionamientos surgidos en Palenque todavía forman parte de un proceso abierto y que las observaciones planteadas por las comunidades pueden convertirse en insumos para modificar, precisar o fortalecer la propuesta antes de que llegue al Congreso de la Unión.

El reto, en ese sentido, no es menor. La iniciativa pretende traducir en una legislación general los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, después de la reforma al artículo 2º de la Constitución que los reconoció como sujetos de derecho público. El INPI ha señalado que ese nuevo marco jurídico busca consolidar derechos como la libre determinación, la autonomía y la participación directa de los pueblos en las decisiones que les conciernen.

Por eso, las voces que cuestionaron la metodología en Palenque plantean una discusión que va al corazón de la consulta: no basta con que una comunidad esté presente; debe contar con información comprensible, tiempo para deliberar y mecanismos adecuados para que su decisión represente realmente la voluntad colectiva.

En una región donde territorio, agua, recursos naturales, cultura e identidad están profundamente vinculados, la forma de preguntar puede ser tan importante como aquello que se pregunta. Para los habitantes que hicieron estos señalamientos, el futuro de una ley destinada a reconocer derechos colectivos debe construirse no sólo con presencia indígena en las mesas, sino con una participación que permita entender, debatir y decidir.

La consulta nacional aún tiene semanas por delante. La legitimidad de sus resultados dependerá, en buena medida, de que las observaciones surgidas en espacios como Palenque sean escuchadas, documentadas y consideradas antes de que la propuesta legislativa se convierta en iniciativa formal ante el Congreso. En última instancia, la pregunta que queda abierta es si el proceso logrará que cada acuerdo represente verdaderamente la voz de las comunidades y no sólo el resultado de una votación.