A ocho años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, las familias del Multifamiliar Tlalpan enfrentan una nueva tragedia: no solo la reconstrucción inconclusa y la crisis de vivienda, sino también amenazas de muerte contra sus integrantes y el abandono de las autoridades capitalinas.
La Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan denunció que una de sus compañeras y su hijo pequeño se encuentran en riesgo vital tras ser intimidados por presuntos grupos de choque, quienes buscan forzar su desalojo. Los agresores dejaron mensajes escritos y fueron captados en video, pero pese a las pruebas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha actuado.
Lo más grave, advierten los damnificados, es que los delincuentes aseguran operar con la protección de funcionarios de la propia Fiscalía, en complicidad con abogados corruptos y operadores contratados para desplazar violentamente a los vecinos. La denuncia ya está presentada, pero la inacción de la fiscal Bertha Alcalde Luján abre la sospecha de una colusión institucional.
Una herida que no cierra
El 19S dejó una ciudad herida y un movimiento ciudadano fuerte que exigió vivienda digna y segura. Sin embargo, ocho años después, quienes sobrevivieron al colapso y lucharon por regresar a casa enfrentan un nuevo enemigo: la gentrificación.
“La crisis de vivienda se ha agravado por el desplazamiento, la falta de un horizonte real para las nuevas generaciones y el embate de los grandes capitales detrás de la gentrificación”, denunció la Asamblea. Lo que comenzó como una tragedia natural hoy se combina con una tragedia social: políticas urbanas que favorecen la especulación inmobiliaria y relegan a quienes han construido la ciudad desde abajo.
Los damnificados recuerdan que su lucha no fue solo por un edificio, sino por evitar que cualquier habitante de la capital volviera a ser víctima de despojo. Sin embargo, advierten que la Ciudad de México vive una “guerra silenciosa contra la clase trabajadora”, donde el derecho a la vivienda se ve desplazado por intereses inmobiliarios que convierten la historia y el arraigo en mercancía.
La omisión como violencia
La Asamblea Vecinal acusa directamente al Estado mexicano de incumplir su obligación de proteger la vida de una mujer y de su hijo menor, víctimas de amenazas, y denuncia que la Fiscalía ha tolerado la presencia de los agresores dentro de la propia comunidad.
“Parece que en la Ciudad de México la lucha es por la supervivencia más que por el bienestar”, expresaron en solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa.
Responsabilidad política
El pronunciamiento deja claro que el problema ya no es únicamente judicial o de seguridad, sino político. La falta de acción de la Fiscalía y el avance imparable de los proyectos inmobiliarios son, para los damnificados, el reflejo de un modelo urbano impulsado desde el propio Gobierno de la Ciudad de México, que ha privilegiado la inversión privada por encima del derecho a la vivienda.
En ese sentido, responsabilizan a la actual administración capitalina de tolerar —e incluso incentivar— políticas que propician el desplazamiento y la gentrificación. “La defensa del hogar y la vida no puede ser una moneda de cambio electoral ni un botín para los capitales inmobiliarios”, señalaron.
Con un tono desafiante, la Asamblea advirtió: “Defenderemos nuestro patrimonio a costa de lo que sea necesario. No permitiremos que nos arrebaten lo que sobrevivimos y reconstruimos con nuestras manos”.
