El equipo jurídico del empresario Eugenio Javier Maíz Domene, propietario de Next Energy, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra jueces y servidores públicos de Aguascalientes, a quienes señala por presuntos actos de corrupción relacionados con los procesos penales que mantienen al empresario privado de la libertad.
En las instalaciones de la FGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, el abogado Adrián Arellano Regino afirmó que su cliente lleva más de ocho meses detenido y enfrenta cinco carpetas de investigación por distintos delitos, entre ellos amenazas y extorsión contra policías del centro penitenciario de Aguascalientes.
El litigante sostuvo que existe una intención de mantener recluido al empresario mediante la apertura de nuevas investigaciones. Según explicó, Maíz Domene inicialmente enfrentó una acusación por fraude relacionada con contratos celebrados con el gobierno de Aguascalientes, pero tras obtener su libertad se habría generado una nueva carpeta que permitió ejecutar otra orden de aprehensión.
La defensa sostiene que el conflicto original corresponde a un supuesto incumplimiento contractual de naturaleza civil y cuestiona que haya derivado en acusaciones penales.
“Existe una intención por parte de Aguascalientes de mantener ilegalmente privado de la libertad a este empresario”, afirmó Arellano Regino.
El caso Next Energy también se encuentra bajo investigación federal por presuntas irregularidades en un convenio firmado en 2019 con el entonces Ayuntamiento de Aguascalientes, cuando Teresa Jiménez era presidenta municipal.
El acuerdo contemplaba el suministro de energía para instalaciones municipales y la construcción de infraestructura fotovoltaica. Sin embargo, las investigaciones han señalado que el municipio realizó pagos a la empresa pese a que el proyecto no había comenzado a operar en los términos previstos.
A principios de agosto se dio a conocer que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, retomó la investigación y avanzó contra cinco exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato.
La Fiscalía investiga el manejo de recursos públicos y las decisiones tomadas durante la contratación y ejecución del proyecto. Teresa Jiménez no está formalmente acusada en la investigación federal.
Ahora, la defensa de Maíz Domene busca que la FGR investigue también la actuación de funcionarios y jueces de Aguascalientes, al considerar que las sucesivas carpetas penales podrían haber sido utilizadas para impedir que el empresario recupere su libertad.
La denuncia deberá ser investigada por las autoridades federales. Los señalamientos de la defensa no implican, por sí mismos, que los funcionarios denunciados sean responsables de algún delito, pues cualquier responsabilidad deberá ser acreditada mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
