Comunidades indígenas y especialistas alertaron sobre la expansión de proyectos de fracturación hidráulica en la Huasteca potosina y advirtieron que su desarrollo se ha dado en un contexto de falta de consulta previa, información insuficiente y contradicciones en la política energética nacional. Durante el conversatorio “Diálogos por la Huasteca: energía, agua y territorio”, realizado en Ciudad Valles, e impulsado por Movimiento Ciudadano, participantes señalaron que la región enfrenta presiones crecientes por actividades extractivas que podrían comprometer recursos estratégicos como el agua y afectar derechos colectivos.
Integrantes de comunidades tének y nahuas subrayaron que la Huasteca no puede ser considerada únicamente como una zona con potencial energético, sino como un sistema integral que articula territorio, identidad cultural y organización social. En sus intervenciones enfatizaron que cualquier intervención de carácter extractivo trasciende los impactos ambientales, al incidir directamente en las formas de vida comunitarias, la cohesión social y los mecanismos tradicionales de gobernanza.
En el encuentro se expusieron preocupaciones sobre los efectos asociados a la fracturación hidráulica, técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Entre los riesgos señalados destacan la posible contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, deterioro de la biodiversidad y el incremento de conflictos sociales en las zonas donde se implementan estos proyectos. Estas advertencias se enmarcan en un contexto donde, a nivel federal, se han emitido posicionamientos críticos hacia el fracking, mientras que, de manera paralela, persisten planes estratégicos que contemplan su desarrollo, lo que ha generado incertidumbre en las comunidades.
Especialistas presentes indicaron que existen instrumentos de política pública, como el ordenamiento ecológico local, que podrían ser utilizados por los municipios para establecer restricciones a este tipo de actividades. Sin embargo, coincidieron en que el elemento central del debate es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada, así como al acceso pleno a la información sobre los proyectos que impactan sus territorios.
Las comunidades participantes sostuvieron que, hasta ahora, no se ha llevado a cabo un proceso de consulta que cumpla con los estándares establecidos en marcos nacionales e internacionales, lo que, afirmaron, vulnera su derecho a la libre determinación. En este sentido, insistieron en que la defensa del territorio en la Huasteca potosina no responde a un caso aislado, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre los límites del modelo extractivo y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales en distintas regiones del país.
