El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acusó que el acuerdo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para crear el denominado “Certificado de Libre Deforestación” representa un mecanismo que, lejos de restaurar los ecosistemas afectados por la expansión irregular de huertas de aguacate, “legaliza años de impunidad ambiental” en la entidad.

A través de un pronunciamiento público difundido por las comunidades indígenas y afromexicanas que integran el organismo, el CSIM sostuvo que la medida federal no atiende los daños ocasionados durante décadas por la deforestación vinculada a la expansión agrícola, ni establece mecanismos de reparación ambiental o de justicia para las comunidades que han denunciado la pérdida de bosques y recursos hídricos.

El consejo indígena cuestionó que el acuerdo, publicado por la Semarnat el pasado 26 de mayo, establezca un procedimiento administrativo para acreditar la producción libre de deforestación sin resolver previamente las afectaciones derivadas del cambio ilegal de uso de suelo ocurrido en Michoacán durante los últimos años.

Según el CSIM, existe una contradicción entre el nuevo esquema y las propias declaraciones de la dependencia federal, la cual ha reconocido públicamente que durante los últimos 20 años no ha otorgado autorizaciones para cambiar el uso de suelo de terrenos forestales a frutícolas en el estado. Bajo esa premisa, las comunidades sostienen que prácticamente toda la superficie convertida en huertas de aguacate habría sido transformada sin autorización oficial.

En ese contexto, el organismo afirmó que el nuevo certificado implica que las superficies deforestadas antes de 2019 quedarían, en los hechos, sin consecuencias legales, mientras que aquellas taladas con posterioridad podrían regularizarse mediante un procedimiento administrativo, sin que exista la obligación de restaurar los ecosistemas afectados o reparar los daños ocasionados a las comunidades.

“Esto significa en términos prácticos que todo lo deforestado antes de 2019 queda automáticamente absuelto y lo que se taló después podrá regularizarse administrativamente sin resarcir ningún tipo de recuperación de ecosistemas dañados. No hay restauración ambiental, no hay reparación a las comunidades y no hay rendición de cuentas, únicamente impera un proceso administrativo que legaliza años de impunidad ambiental”, señalaron en el comunicado.

Las comunidades indígenas recordaron que desde hace más de una década han denunciado de manera constante el cambio ilegal de uso de suelo, la tala clandestina, el saqueo de recursos hídricos y la presencia de organizaciones criminales que, afirmaron, buscan controlar territorios con potencial para el establecimiento de huertas de aguacate destinadas al mercado nacional e internacional.

En su posicionamiento, el CSIM sostuvo que “el crimen organizado es el brazo armado de la deforestación”, al asegurar que grupos delictivos han ejercido presión y violencia contra comunidades originarias con el propósito de apropiarse de recursos naturales, controlar el robo de agua, dirigir la tala de bosques y habilitar nuevas superficies agrícolas.

El organismo también destacó el costo humano que, asegura, ha significado la defensa del territorio. De acuerdo con el comunicado, durante los últimos cuatro años han sido asesinados 20 integrantes de las Rondas Comunales, cuerpos de seguridad tradicional establecidos por diversas comunidades indígenas para la protección de sus territorios.

Asimismo, el consejo responsabilizó a parte de la industria exportadora del aguacate de beneficiarse de la expansión agrícola sin asumir los costos ambientales y sociales derivados de la deforestación. En ese sentido, sostuvo que empresarios estatales y compañías trasnacionales adquirieron terrenos forestales a precios inferiores a su valor, promovieron su cambio ilegal de uso de suelo y permanecieron sin sanciones.

“Son las comunidades, no la industria rapaz, las que conservan lo que aún nos queda de bosques; es en nuestros territorios donde respiran los ecosistemas”, afirmaron las comunidades indígenas, al insistir en que los pueblos originarios han desempeñado un papel central en la conservación ambiental de la entidad.

Frente a lo que calificaron como “graves transgresiones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció que recurrirá a las vías legales disponibles para impugnar el acuerdo de la Semarnat y evitar que, a su juicio, el Certificado de Libre Deforestación se convierta en un instrumento que permita dejar sin consecuencias jurídicas las afectaciones ambientales y sociales registradas en sus territorios.

Las comunidades señalaron que promoverán los recursos jurídicos que consideren necesarios con el objetivo de impedir que la regularización administrativa del aguacate sustituya los procesos de restauración ambiental, reparación del daño y rendición de cuentas por la deforestación registrada en Michoacán durante las últimas décadas.

El posicionamiento fue emitido por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, organización autónoma integrada por 80 comunidades de los pueblos p’urhépecha, otomí o hñähñú, matlatzinca o pirinda, náhuatl y afromexicanos, la cual reiteró que continuará impulsando la defensa del territorio, los bosques y los recursos naturales frente a las decisiones gubernamentales que, consideran, vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.