Las organizaciones señalaron que el Estado mexicano ha desplegado el vehículo blindado Black Mamba APC SandCat, fabricado en México por las empresas TPS Armoring y Epel Tácticos a partir del diseño SandCat de la firma israelí Plasan. En el documento sostienen que se trata del mismo modelo utilizado por el Ejército de Israel en operativos en Cisjordania y Gaza, por lo que consideran que su presencia en San José Chiapa constituye una reproducción de tecnologías y estrategias de militarización contra población civil.
La denuncia se produce en el contexto del conflicto entre habitantes de San José Chiapa y las autoridades federales y estatales por la construcción del denominado Parque de Economía Circular, un proyecto que forma parte del Podebi impulsado por ambos niveles de gobierno. De acuerdo con el Movimiento en Defensa del Agua y el Medio Ambiente de San José Chiapa, dentro de ese complejo se prevé la instalación de una planta recicladora de más de 40 hectáreas, obra que, aseguran, representa un riesgo para los mantos acuíferos, la calidad del aire y los suelos agrícolas de la región.
Según la carta, desde el 29 de junio los pobladores mantienen una resistencia pacífica para impedir el avance de las obras. Los firmantes afirman que, como respuesta, el gobierno de Puebla implementó un cerco policial con fuerzas especiales y vehículos blindados alrededor del territorio en disputa. Asimismo, sostienen que el gobernador Alejandro Armenta advirtió sobre la posibilidad de judicializar a quienes participan en la defensa del territorio.
En el documento, las organizaciones sostienen que el empleo de vehículos blindados de características militares en una comunidad campesina desarmada contradice los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Argumentan además que la sola presencia de este tipo de unidades constituye un mecanismo de intimidación que puede considerarse una forma de violencia estatal.
Los firmantes también relacionan el conflicto con los compromisos internacionales asumidos por México. Señalan que el país es parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del Tratado sobre el Comercio de Armas, por lo que consideran incompatible la utilización de tecnología militar derivada de diseños israelíes para intervenir en conflictos sociales internos. En ese contexto, acusan que la adopción de este tipo de equipamiento coloca al Estado mexicano en una “cadena de complicidad” con prácticas que califican como represivas.
La carta también establece un vínculo entre la defensa del territorio y el Acuerdo de Escazú, al afirmar que las amenazas de judicialización contra personas defensoras del medio ambiente vulnerarían el artículo 9 de ese instrumento internacional, el cual obliga a los Estados a garantizar la protección de quienes realizan labores de defensa ambiental.
Además de denunciar el operativo de seguridad, el pronunciamiento expresa una condena al conflicto en Palestina y sostiene que la utilización de armamento y tecnologías desarrolladas por empresas israelíes para atender conflictos sociales en México representa una normalización de prácticas de militarización. Los firmantes afirman que el caso de San José Chiapa refleja una política que privilegia proyectos industriales sobre los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.
El desplegado fue suscrito por decenas de organizaciones de México, América Latina y Europa, entre ellas colectivos de solidaridad con Palestina, organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupaciones ambientalistas, comunidades indígenas, académicos y activistas, así como intelectuales y especialistas de distintos países.
Hasta el momento del pronunciamiento difundido por las organizaciones, las autoridades federales y el gobierno de Puebla no habían emitido una respuesta específica al contenido de la carta en la que se cuestiona el despliegue de los vehículos blindados ni las comparaciones realizadas con las operaciones militares israelíes. Mientras tanto, el conflicto por la construcción del Parque de Economía Circular y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar continúa siendo motivo de confrontación entre las comunidades organizadas de San José Chiapa y las autoridades responsables del proyecto.
Antes de las obras del denominado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebi) en San José Chiapa, Puebla, decenas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, colectivos, académicos y activistas hicieron pública una carta en la que acusan a los gobiernos federal y estatal de utilizar vehículos blindados de origen tecnológico israelí para contener la resistencia de comunidades campesinas que se oponen al proyecto industrial. Los firmantes sostienen que el despliegue de estas unidades representa un uso desproporcionado de la fuerza y comparan su utilización con las operaciones militares realizadas por Israel en los territorios palestinos.
Las organizaciones señalaron que el Estado mexicano ha desplegado el vehículo blindado Black Mamba APC SandCat, fabricado en México por las empresas TPS Armoring y Epel Tácticos a partir del diseño SandCat de la firma israelí Plasan. En el documento sostienen que se trata del mismo modelo utilizado por el Ejército de Israel en operativos en Cisjordania y Gaza, por lo que consideran que su presencia en San José Chiapa constituye una reproducción de tecnologías y estrategias de militarización contra población civil.
La denuncia se produce en el contexto del conflicto entre habitantes de San José Chiapa y las autoridades federales y estatales por la construcción del denominado Parque de Economía Circular, un proyecto que forma parte del Podebi impulsado por ambos niveles de gobierno. De acuerdo con el Movimiento en Defensa del Agua y el Medio Ambiente de San José Chiapa, dentro de ese complejo se prevé la instalación de una planta recicladora de más de 40 hectáreas, obra que, aseguran, representa un riesgo para los mantos acuíferos, la calidad del aire y los suelos agrícolas de la región.
Según la carta, desde el 29 de junio los pobladores mantienen una resistencia pacífica para impedir el avance de las obras. Los firmantes afirman que, como respuesta, el gobierno de Puebla implementó un cerco policial con fuerzas especiales y vehículos blindados alrededor del territorio en disputa. Asimismo, sostienen que el gobernador Alejandro Armenta advirtió sobre la posibilidad de judicializar a quienes participan en la defensa del territorio.
En el documento, las organizaciones sostienen que el empleo de vehículos blindados de características militares en una comunidad campesina desarmada contradice los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Argumentan además que la sola presencia de este tipo de unidades constituye un mecanismo de intimidación que puede considerarse una forma de violencia estatal.
Los firmantes también relacionan el conflicto con los compromisos internacionales asumidos por México. Señalan que el país es parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del Tratado sobre el Comercio de Armas, por lo que consideran incompatible la utilización de tecnología militar derivada de diseños israelíes para intervenir en conflictos sociales internos. En ese contexto, acusan que la adopción de este tipo de equipamiento coloca al Estado mexicano en una “cadena de complicidad” con prácticas que califican como represivas.
La carta también establece un vínculo entre la defensa del territorio y el Acuerdo de Escazú, al afirmar que las amenazas de judicialización contra personas defensoras del medio ambiente vulnerarían el artículo 9 de ese instrumento internacional, el cual obliga a los Estados a garantizar la protección de quienes realizan labores de defensa ambiental.
Además de denunciar el operativo de seguridad, el pronunciamiento expresa una condena al conflicto en Palestina y sostiene que la utilización de armamento y tecnologías desarrolladas por empresas israelíes para atender conflictos sociales en México representa una normalización de prácticas de militarización. Los firmantes afirman que el caso de San José Chiapa refleja una política que privilegia proyectos industriales sobre los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.
El desplegado fue suscrito por decenas de organizaciones de México, América Latina y Europa, entre ellas colectivos de solidaridad con Palestina, organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupaciones ambientalistas, comunidades indígenas, académicos y activistas, así como intelectuales y especialistas de distintos países.
Hasta el momento del pronunciamiento difundido por las organizaciones, las autoridades federales y el gobierno de Puebla no habían emitido una respuesta específica al contenido de la carta en la que se cuestiona el despliegue de los vehículos blindados ni las comparaciones realizadas con las operaciones militares israelíes. Mientras tanto, el conflicto por la construcción del Parque de Economía Circular y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar continúa siendo motivo de confrontación entre las comunidades organizadas de San José Chiapa y las autoridades responsables del proyecto.
