Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, inspectora y notificadora adscrita al departamento de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate, fue detenida y acusada el 26 de agosto de 2026 por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tras encontrar 69.39 kilos de metanfetamina ocultas en un compartimento no original debajo del piso de los asientos delantero y del copiloto de un Nissan Rogue 2020 que ella conducía.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos, Ortega Olazagasti, de nacionalidad mexicana, solicitó su ingreso a territorio estadounidense por el puerto de entrada de Tecate. Una actitud considerada sospechosa por los agentes derivó en la revisión que permitió el aseguramiento de la droga. La detenida enfrenta actualmente el cargo de importación de sustancias controladas y su caso fue remitido a organismos federales encargados de la aplicación de la ley.
De acuerdo con datos del portal de transparencia del Gobierno de Tecate, citados por el semanario ZETA Tijuana, Ortega Olazagasti era empleada de la Secretaría del Ayuntamiento, encabezada por Eduardo Macías Flores, y estaba adscrita al departamento de Justicia Cívica, dirigido por Raúl Alfredo Ferreiro Guillén. Personas cercanas a la dependencia lo identifican como amigo de la detenida y parte del círculo cercano al alcalde Román Cota Muñoz. Ferreiro Guillén ha sido señalado de manera reiterada por presuntamente realizar cobros irregulares bajo pseudo sanciones administrativas a establecimientos del municipio.
La funcionaria percibía un sueldo catorcenal de 13 mil 652 pesos con 74 centavos. Al momento de su detención, hizo hincapié en que formaba parte de la estructura gubernamental de Tecate.
Doce días después del arresto, y solo tras la difusión pública del caso, el Ayuntamiento de Tecate emitió un comunicado en el que informó que Ortega Olazagasti dejó de laborar en la institución desde el 2 de septiembre. El documento señala: “El gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal. Los actos atribuidos a esta persona no tienen relación alguna con sus funciones ni representan el actuar de la administración municipal.”
La administración municipal indicó que corresponderá a las autoridades competentes desarrollar las investigaciones y aplicar la ley correspondiente.
