Un grupo de personas identificadas por manifestantes y activistas como “reventadores” impidió este jueves la colocación de una manta frente a Palacio Nacional en la que se señalaba al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y videos grabados en el lugar, el grupo interceptó a quienes intentaban desplegar la manta en inmediaciones del Zócalo capitalino, generando empujones, jaloneos y confrontaciones verbales para evitar que el mensaje quedara visible frente a la sede del Poder Ejecutivo federal. La protesta ocurrió en medio de la crisis política derivada de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con la estructura criminal de “Los Chapitos”.
El término “reventador” es utilizado en México para describir a personas que acuden deliberadamente a actos públicos o movilizaciones con el objetivo de interrumpirlos, provocar enfrentamientos o impedir su desarrollo. La propia Real Academia Española define al reventador como quien asiste a reuniones públicas para provocar el fracaso del acto mediante protestas o acciones de choque.
La escena registrada frente a Palacio Nacional reavivó críticas de organizaciones civiles y colectivos de protesta que desde hace años denuncian la utilización de grupos de choque en la Ciudad de México para contener, dispersar o intimidar manifestaciones incómodas para gobiernos locales y federales. Diversos episodios ocurridos en la capital del país han dejado registro de agresiones cometidas por grupos civiles no identificados que operan paralelamente a dispositivos policiacos.
Uno de los casos más documentados ocurrió durante protestas y bloqueos sobre Calzada de Tlalpan, donde manifestantes denunciaron agresiones físicas de grupos de hombres que arribaron en motocicletas o vehículos particulares para desalojar movilizaciones mediante golpes y amenazas. En distintas jornadas de protesta relacionadas con desapariciones, feminicidios y reclamos sociales, participantes acusaron que estos grupos actuaban con tolerancia de autoridades capitalinas.
Otro antecedente señalado por activistas ocurrió en Xochimilco, donde habitantes y colectivos denunciaron ataques de supuestos grupos de choque durante movilizaciones vecinales y protestas ambientales. En algunos casos, los inconformes reportaron agresiones físicas, destrucción de material de protesta y persecuciones contra participantes que documentaban los hechos con teléfonos celulares.
También existen antecedentes en protestas feministas en el centro de la capital, movilizaciones de comerciantes y bloqueos de transportistas, donde organizaciones civiles han denunciado la presencia recurrente de personas encapuchadas o grupos ajenos a las manifestaciones originales que intervienen para provocar violencia, justificar operativos o desarticular protestas. Analistas y especialistas en movimientos sociales han advertido que este tipo de prácticas forman parte de mecanismos históricos de contención política utilizados en distintos niveles de gobierno.
La confrontación frente a Palacio Nacional ocurre además en un contexto particularmente delicado para Morena y para el gobierno federal, luego de que fiscales estadounidenses acusaran formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa de presuntamente brindar protección política al grupo criminal de “Los Chapitos”. Según documentos judiciales difundidos en Estados Unidos, el exgobernador habría recibido apoyo electoral del grupo criminal a cambio de favorecer sus operaciones y estructuras de protección institucional. Rocha Moya ha rechazado públicamente las acusaciones y Morena ha exigido pruebas concluyentes antes de emitir una condena política.
Las acusaciones contra el político sinaloense representan uno de los episodios de mayor tensión entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y corrupción política reciente. El caso también ha provocado manifestaciones, despliegue de mantas y protestas en distintos puntos del país, mientras sectores críticos del gobierno federal cuestionan la respuesta institucional y denuncian intentos de contener expresiones de inconformidad mediante presión física o intimidación en espacios públicos.
