Desde la noche del miércoles 30 de septiembre, un grupo de vecinos de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, mantiene cerrado un tramo de la carretera Xochimilco-Oaxtepec. El bloqueo, que al cierre de esta edición superaba las 100 horas, afecta la circulación hacia Milpa Alta y otras zonas de la demarcación. Los manifestantes exigen atención a los daños causados por las fuertes lluvias de esa noche y una solución de fondo a los problemas de drenaje y agua en la zona chinampera.
Según reportes de los afectados, el desbordamiento de aguas residuales inundó viviendas, comercios y parcelas agrícolas. Familias registraron pérdidas de muebles, electrodomésticos y mercancía; en algunas zonas el agua superó medio metro de altura. Productores chinamperos denunciaron que el líquido contaminado llegó a los canales y chinampas, donde se cultivan hortalizas y flores, y alertaron sobre el riesgo de “envenenamiento” de la zona lacustre. “Anteriormente había manantiales; ahora baja un caudal negro con residuos”, describieron algunos habitantes.
Los protestantes vinculan las inundaciones con obras del Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco, un proyecto con una inversión superior a los 370 millones de pesos. Argumentan que un colector construido para captar aguas residuales de la parte alta, incluidas zonas de Milpa Alta, agravó el problema al dirigir escurrimientos hacia su territorio. Exigen que se detengan o se modifiquen las obras y que las autoridades se presenten a dialogar de manera efectiva.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), sostiene una versión distinta. El secretario Mario Esparza Hernández ha señalado que el plan fue aprobado en una consulta realizada el 27 de julio de 2025, con 395 votos a favor, 32 en contra y ocho nulos, lo que representa un respaldo del 90 por ciento. La dependencia afirma que las obras buscan resolver de raíz las inundaciones recurrentes, la obsolescencia del drenaje y la contaminación, mediante la construcción y rehabilitación de gaviones, un colector de casi tres kilómetros, la modernización de la red de drenaje y la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en San Pedro Actopan, San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo.
Según las autoridades, las inundaciones de finales de septiembre no se deben al colector de Atocpan, sino a hundimientos en el drenaje local y a la falta de una salida por gravedad del agua. Señalan que aún restan por ejercer alrededor de 65 millones de pesos destinados a la sustitución de la red y a un cárcamo de bombeo en la zona del embarcadero de Atenco, obras a las que se opone un grupo de vecinos. Funcionarios y algunos habitantes del pueblo han indicado que el bloqueo es impulsado por un número reducido de personas y que podría responder a intereses políticos, más que a un consenso comunitario.
No todos los vecinos de San Gregorio Atlapulco coinciden con el cierre. Algunos comerciantes y residentes de las zonas más bajas han expresado que las obras son necesarias para atender un problema histórico de drenaje colapsado e inundaciones. Piden que se permita concluir el proyecto y que se realicen mesas de trabajo abiertas a todo el pueblo, no solo al grupo que mantiene el plantón.
El cierre vial ha generado molestias adicionales: afecta el transporte público, el acceso a la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan y la circulación cotidiana de miles de personas. Mientras tanto, las autoridades han desplegado equipos para atender encharcamientos y mantienen abierta la vía del diálogo, aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo que permita levantar el bloqueo.
La tensión en San Gregorio Atlapulco refleja un conflicto más amplio sobre la gestión del agua en la zona chinampera de Xochimilco, donde se entrelazan problemas de infraestructura, contaminación, derechos de los pueblos originarios y la necesidad de obras para prevenir daños por lluvias. Las partes involucradas coinciden en que el diálogo es indispensable, pero difieren en cómo debe avanzarse para resolver una problemática que afecta tanto a las familias como a la producción agrícola tradicional de la región.
