Con golpes y gas pimienta fue reprimido este domingo un grupo de comuneras y comuneros que se manifestaban en San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta, contra lo que califican como la imposición del proyecto de la Línea 6 del Cablebús en territorio comunal. De acuerdo con denuncias del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), la agresión fue perpetrada por un grupo de choque que actuó para permitir la realización de una consulta a mano alzada organizada por el gobierno de la Ciudad de México, a la que los pueblos se oponen por considerarla “simulada”.
El CNI-CIG informó que el ataque dejó un saldo de diez personas heridas, cinco comuneras y cinco comuneros, algunos de ellos con fracturas, como consecuencia de los golpes propinados durante la confrontación. Según la denuncia, el grupo de choque fue encabezado por José Luis Linares Castro, a quien las comunidades señalan como un “pseudodirigente agrario” que ha actuado en contra de la voluntad colectiva de los pueblos nahuas de Milpa Alta. La organización indígena acusó además que Linares Castro se ha beneficiado de la administración de recursos y brigadas forestales del programa Altepetl Bienestar para el Bosque, impulsado por el gobierno capitalino.
Los hechos ocurrieron cuando integrantes de los nueve pueblos nahuas que conforman la Comunidad Nahua de Milpa Alta intentaron impedir la realización de la consulta convocada en San Francisco Tecoxpa, con la que las autoridades buscaban avalar la construcción de una nueva línea del Cablebús. Para los comuneros, este proyecto forma parte de una estrategia de infraestructura destinada a facilitar el despojo de las tierras comunales y a forzar la integración de la zona rural a la mancha urbana de la Ciudad de México.
En un posicionamiento público, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) denunció que, con un operativo integrado por alrededor de un centenar de personas y mediante el uso de la violencia, el gobierno capitalino intenta legitimar un proyecto que calificó como “de muerte”, al considerar que implica despojo territorial, destrucción ambiental y un grave deterioro del tejido social de los pueblos originarios de Milpa Alta.
Tras la represión, habitantes de la región realizaron un bloqueo en la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec como medida de protesta para visibilizar las agresiones sufridas y exigir el respeto a sus derechos colectivos y a su integridad física. El CNI-CIG sostuvo que la supuesta aprobación del proyecto del Cablebús se dio mediante “consultas simuladas orquestadas desde los gobiernos en complicidad con caciques y grupos de choque serviles a sus intereses”.
La Anavi responsabilizó directamente a los tres niveles de gobierno por los hechos de violencia y señaló a la alcaldía de Milpa Alta, encabezada por Octavio Rivero Villaseñor, así como a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr). También responsabilizó a los integrantes de las brigadas coordinadas por Linares Castro por su participación en las agresiones.
Finalmente, el Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno exigió que se sancione a José Luis Linares Castro, a los integrantes del grupo de choque y a los funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos, además de demandar la cancelación definitiva del proyecto del Cablebús en las tierras y territorios comunales de Milpa Alta. Las comunidades reiteraron que continuarán la defensa de su territorio y su autonomía frente a lo que consideran una imposición violenta disfrazada de consulta.
