Estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana enfrentan una ola de intentos de extorsión en los que los delincuentes utilizan información personal detallada para engañar a las familias y exigir dinero. El caso más reciente involucra a un joven de 17 años de la carrera de educación física en la región de Córdoba, cuya familia fue amenazada con 200 mil pesos.
Según el relato de los afectados, el estudiante recibió una llamada de alguien que se identificó como agente de la Fiscalía estatal. Le dijeron que su número estaba ligado a una investigación y lo citaron en el estacionamiento de un centro comercial entre Córdoba y Fortín. Allí le ordenaron tomarse una fotografía que mostrara su rostro y ropa. Minutos después, los delincuentes contactaron a sus padres, les enviaron la imagen y afirmaron que el joven había sido “levantado”. Amenazaron con hacerle daño si no reunían la cantidad exigida en una hora. Incluso montaron una llamada en la que el menor decía “estoy bien” para reforzar el engaño, aunque se encontraba solo.
La familia logró interrumpir el contacto siguiendo recomendaciones de un especialista en antisecuestros. El estudiante regresó a casa por su cuenta. Presentaron denuncia ante la Policía Cibernética, que abrió un folio y activó protocolos de rastreo. Los números usados aparecen como no localizables.
Otros alumnos de facultades en Córdoba, Orizaba y Camerino Z. Mendoza reportan llamadas similares. Los agresores ya conocen nombres completos, direcciones, teléfonos, correos institucionales y datos de los padres o tutores. En grupos de WhatsApp de generaciones de nuevo ingreso circulan advertencias sobre estos intentos.
La información coincide con reportes previos de extorsiones telefónicas contra universitarios en la misma zona. Familias y estudiantes señalan que los datos parecen provenir de bases de la propia universidad, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la Universidad Veracruzana que confirme o desmienta una filtración reciente.
El problema no se limita a Veracruz. En los últimos meses se han documentado múltiples exposiciones de bases de datos de instituciones educativas en distintos estados. Registros que incluyen CURP, matrículas, teléfonos, domicilios y nombres de tutores terminan circulando en foros y canales donde se venden o se comparten. Estos datos permiten a los delincuentes armar guiones creíbles en cuestión de minutos y combinar llamadas con presencia física cerca de los planteles o centros comerciales.
Autoridades locales atienden los reportes de manera aislada. No se ha anunciado una investigación coordinada que agrupe los casos ni se ha informado sobre posibles vulneraciones en los sistemas de control escolar. Mientras tanto, las familias afectadas recomiendan no contestar números desconocidos, no enviar fotografías y reportar de inmediato cualquier intento.
El patrón se repite: con datos precisos, una llamada convincente y una imagen forzada bastan para generar pánico y exigir sumas elevadas. La próxima víctima podría ser cualquier estudiante de nuevo ingreso cuyo registro haya quedado expuesto.
