El periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, fue vinculado a proceso por una jueza de control en Campeche, bajo los cargos de “incitación al odio y a la violencia” y “calumnia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores San Román. La decisión fue emitida por la jueza Guadalupe Martínez Taboada, durante una audiencia que duró más de nueve horas.
Esta polémica sentencia se da en el contexto de la reciente aprobación de la “Ley Censura” en Puebla, impulsada por el también morenista Alejandro Armenta. Esta ley establece penas de hasta tres años de prisión para quien “insulte, injurie, ofenda, agravia o veje a otra persona” a través de “tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital”.
A pesar de que el periodista demostró que lleva siete años jubilado del periódico Tribuna, la jueza determinó que se le atribuía la orden o autorización para la publicación de contenidos que, según la gobernadora Sansores, contenían ataques, calumnias e incitación al odio en su contra.
Como resultado, la sentencia incluyó la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años, el cierre de la plataforma Tribuna durante el mismo periodo, una multa de dos millones de pesos como indemnización por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Whalter Patrón Bacab, y el embargo precautorio de algunas de sus propiedades, incluida su vivienda, en caso de no cumplir con el pago.
Operativo brutal de abuso de autoridad
En una entrevista con Azucena Uresti, el periodista de 72 años denunció lo que calificó como un “operativo brutal de abuso de autoridad” para su detención, relatando: “Me esposaron, me golpearon y me llevaron a la fiscalía”. Debido a los golpes, fue trasladado al hospital, pero fue sacado de allí a petición del ministerio público para ser encarcelado, donde permaneció 48 horas.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Campeche respecto a la libertad de prensa. Organismos y medios de comunicación califican las acciones legales y las sanciones impuestas a González Valdez como parte de una estrategia para silenciar a los críticos del gobierno estatal, acusándolo de aplicar una “ley mordaza” judicial y administrativa.
Atentado contra la libertad de expresión
La sentencia marca un precedente alarmante: no solo se limita la libertad de expresión de un periodista veterano, sino que también se impone una sanción económica sustancial y restricciones laborales. Con más de 50 años de trayectoria, el periodista denuncia:
“La gobernadora, desde que asumió el poder, ha hostigado a todos los periodistas. Cuando ella llegó al gobierno había cinco periódicos en Campeche; ahora no queda ninguno”.
Y agrega: “No solo soy yo; hay otros periodistas en la misma situación, bajo el deseo de la gobernadora de no solo quitarles su libertad, sino también sus propiedades”.
González Valdez acusa a Layda Sansores de usar “la ley como garrote y la piedra como razonamiento”. A pesar de todo, asegura que se defenderá y que no abandonará Campeche, donde ha permanecido estos días “casi en reclusión domiciliaria”.
