En Washington decidieron subir el tono contra México. El gobierno de Donald Trump ordenó a fiscales federales perseguir a funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico bajo cargos de terrorismo, en una jugada que amenaza con tensar todavía más la relación bilateral. La instrucción llegó desde el Departamento de Justicia, donde pidieron acelerar acusaciones contra políticos y autoridades señaladas de proteger a los cárteles.
La señal cayó como balde de agua fría en Palacio Nacional, sobre todo porque el mensaje desde Estados Unidos fue abiertamente desafiante. Aakash Singh, uno de los operadores de Trump en Justicia, aseguró que no le preocupa si el gobierno mexicano se siente ofendido y hasta celebró la posibilidad de exhibir públicamente a funcionarios ligados al crimen. Todo esto ocurre mientras Washington endurece su ofensiva militar y judicial contra los cárteles y sus presuntas redes políticas en México.
VERACRUZ ARDE… Y MC PONE LOS MUERTOS
En el sur de Veracruz ya nadie sabe si transita por una carretera o por tierra de nadie. El ataque contra el exalcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, volvió a encender las alarmas sobre la violencia que azota al estado gobernado por Morena. El líder regional de Movimiento Ciudadano sobrevivió de milagro a una emboscada armada en la carretera Soteapan-Acayucan, pero la militante emecista Yolanda Ventura Martínez no corrió con la misma suerte y perdió la vida en el lugar.
En MC hay indignación porque aseguran que la violencia política ya alcanzó niveles insostenibles mientras el gobierno veracruzano guarda silencio y hermetismo. Sinforoso, hermano del actual alcalde emecista de Soconusco, salió de una reunión política y fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego sin miramientos. Aunque después aparecieron patrullas y operativos de los tres niveles de gobierno, en los pasillos políticos ya se preguntan por qué las autoridades reaccionan después de las balas y no antes.
LA 4T CORRIGE SU ELECCIÓN JUDICIAL
Donde ya reconocieron, aunque sea entre líneas, que la elección judicial de 2025 salió parchada, es en San Lázaro. La nueva iniciativa enviada a la Cámara de Diputados busca patear hasta 2028 la siguiente elección de jueces y magistrados federales, rediseñar las boletas y reducir candidaturas, luego del desastre operativo que terminó marcado por los famosos “acordeones” que impulsaron perfiles cercanos a la 4T.
En el fondo, el oficialismo intenta recomponer un modelo que nació entre críticas, improvisaciones y sospechas de control político. El documento admite “áreas de oportunidad”, aunque en los corrillos legislativos traducen la frase como una confesión elegante de que el experimento salió más complicado de lo previsto. Ahora quieren hacer coincidir la elección judicial con la revocación de mandato de 2028, en una jugada que para la oposición tiene más cálculo político que espíritu democrático.
MORELOS, BAJO SOSPECHA
En Morelos comenzó a correr el nerviosismo entre alcaldes, exfuncionarios y empresarios luego de que la FGR lanzara cateos y órdenes de aprehensión por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El operativo alcanzó seis domicilios en Morelos y uno más en Querétaro, mientras el gabinete de seguridad presume que la limpia apenas empieza.
Detrás del golpe aparece la mano de Omar García Harfuch, quien asegura que las investigaciones nacieron por denuncias de extorsiones, amenazas y cobros ilegales que tenían asfixiados a comerciantes y transportistas de la región oriente del estado. En privado, varios actores políticos admiten que el mensaje es claro: la Federación ya detectó redes criminales con posibles conexiones dentro de gobiernos municipales. Y en Morelos, donde desde hace meses se habla de pactos oscuros entre política y crimen, más de uno empezó a dormir con un ojo abierto.
