Vaya sacudida desde Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos puso nuevamente bajo los reflectores a Baja California, luego de que la OFAC anunciara sanciones contra 21 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila. El señalamiento estadounidense apunta a una presunta red de operadores políticos y exfuncionarios que habría recibido sobornos para proteger las operaciones criminales de Los Rusos, facción vinculada a Los Mayos.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, habló del alcance de la influencia de los cárteles en el Gobierno mexicano y particularmente en Baja California. Según la OFAC, Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso habrían colaborado con el grupo criminal, mientras que Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, habría servido como enlace. Washington también confirmó que en 2025 retiró la visa estadounidense a Torres Torres. Con Donald Trump decidido a exhibir las redes que, según su Gobierno, alimentan el narcotráfico y la corrupción, el expediente bajacaliforniano promete seguir dando de qué hablar.
MC LE PONE FRENO A LA EXCLUSIÓN
En el Senado se aprobó, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma que obliga a los aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX a renunciar a su nacionalidad extranjera antes de registrarse. Pero, ¡aguas!, porque Movimiento Ciudadano no se quedó callado y puso sobre la mesa lo que considera una regresión en materia de derechos y un golpe directo a millones de mexicanos que viven fuera del país.
Luis Donaldo Colosio fue de los que levantaron la voz contra una disposición que, a su juicio, convierte a los connacionales en el extranjero en mexicanos de segunda, bajo sospecha de deslealtad por tener otra nacionalidad. La bancada naranja cuestionó que se pretenda cerrarles la puerta de la representación política en lugar de reconocer sus derechos. El dictamen ya pasó a los congresos estatales, donde necesitará el aval de al menos 17 legislaturas. La discusión apenas comienza y MC ya dejó claro que no piensa dejar pasar el tema sin dar batalla.
MARINA SE DESLINDA, PERO EL ESCÁNDALO SIGUE
En Baja California, Marina del Pilar salió a marcar distancia de Carlos Torres Torres, su ex esposo, sancionado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La respuesta oficial fue puntual, la gobernadora está legalmente divorciada y su único interés en común con él es el bienestar de su hijo. También aclaró que no figura entre los sancionados por la OFAC y que su patrimonio está declarado en México. Eso sí, el comunicado dejó otro asunto sobre la mesa, pues la Oficialía Mayor revisará si las empresas señaladas tuvieron contratos con el Gobierno estatal para turnar los expedientes a las autoridades anticorrupción.
Marina aseguró que no será vocera de su ex pareja y que serán las autoridades correspondientes las que informen sobre las investigaciones. Más tarde, ante los medios, afirmó que resistirá los señalamientos durante los 11 meses que le restan a su administración y defendió los resultados de su estrategia de seguridad, al presumir alrededor de 130 detenciones de objetivos criminales de alto nivel y decomisos de drogas y armas. Sin embargo, el deslinde matrimonial no despeja por sí solo las interrogantes políticas sobre las presuntas redes de protección criminal señaladas por Washington. Y mientras la gobernadora insiste en que seguirá concentrada en gobernar, el caso amenaza con convertirse en uno de los asuntos más incómodos para Morena en el cierre de su administración.
