Organizaciones campesinas de diversos estados de México han iniciado una ola de bloqueos carreteros ante la inminente aprobación de la Ley General de Aguas. Los cierres afectan ya a seis entidades, y los líderes advierten que podrían ampliarse a al menos diez estados e incluso a la Ciudad de México si no se respeta su demanda de incluir garantías para concesiones históricas.
¿Qué desencadenó los bloqueos carreteros de los agricultores?
El detonante de las manifestaciones es la reforma al marco legal del agua que actualmente discuten diputados federales. Los productores argumentan que la nueva normativa —que plantea la eliminación de transmisiones de concesiones entre particulares y una reasignación general del recurso— pone en riesgo derechos históricos de propietarios rurales.
Según dirigentes del sector agropecuario, sin modificaciones legales que protejan las perforaciones y pozos heredados, miles de campesinos quedarían en desventaja.
La protesta se ha traducido en bloqueos de carreteras federales, tomada de casetas de peaje e ingreso de maquinaria agrícola en rutas principales.
De acuerdo con reportes de autoridades de tránsito y de la Guardia Nacional, los bloqueos provocan importantes afectaciones al transporte de carga, mercancías y viajeros.
Estados y regiones afectadas por bloqueos viales
Campesinos han confirmado la presencia de bloqueos en al menos seis estados: Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.
Las rutas bloqueadas incluyen carreteras federales, accesos fronterizos y casetas de peaje, especialmente en zonas agrícolas y de conexión comercial.
Si la Ley de Aguas avanza sin las “condiciones mínimas” exigidas, los agricultores advierten que intensificarán las movilizaciones en al menos 10 estados y podrían extender los cierres viales a la Ciudad de México.
El anuncio ha generado alerta entre autoridades de tránsito, transporte de mercancías y organismos logísticos, que ya registran congestiones, desviaciones y demoras en rutas clave del país.
Demandas del campo: lo que exigen los productores
Uno de los puntos centrales del reclamo es la inclusión en la ley de artículos transitorios que reconozcan alumbramientos y perforaciones existentes desde hace décadas. Los líderes campesinos advierten que sin ese ajuste, muchas familias agrícolas perderían la certeza sobre el uso del agua.
El sector exige que la regulación del recurso hídrico respete los derechos adquiridos, garantice certidumbre para herencias y transmisiones y evite concentración de concesiones. Argumentan que, de no hacerlo, la reforma favorece a grandes empresas en detrimento del pequeño y mediano agricultor.
Los dirigentes han señalado que prefieren el diálogo antes que la confrontación, pero advierten que no dudarán en reactivar bloqueos y presentar amparos si la ley se aprueba sin esas garantías.
Impacto social y económico de los bloqueos carreteros
Las protestas han generado cortes totales o parciales de vialidades, afectando la circulación de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y camiones de carga.
Consecuencia: retrasos en la entrega de mercancías, pérdidas en la cadena de suministro y molestias generalizadas para miles de personas que transitan por las rutas bloqueadas.
La estrategia de cierres carreteros busca generar un “costo social y político” para acelerar negociaciones en el Congreso, obligando al gobierno a contemplar los ajustes demandados por el campo. Al mismo tiempo, busca visibilizar la inconformidad del sector y movilizar solidaridad en regiones rurales.
¿Qué podría ocurrir en los próximos días?
- Si el dictamen de la Ley de Aguas se vota sin modificaciones —particularmente sobre concesiones heredadas y uso histórico del agua—, los bloqueos podrían extenderse, incluyendo rutas hacia la Ciudad de México.
- Las organizaciones campesinas ya anticipan la posibilidad de presentar amparos masivos, lo que podría generar una ola de litigios y represalias legales.
- De igual modo, podrían sumarse transportistas u otros sectores afectados (turismo, comercio, distribución) si las afectaciones viales se prolongan, elevando la presión sobre el gobierno federal.
