Aseguran presiones contra ciudadanos en Coahuila por colocar lonas de apoyo electoral. A través de un video difundido en redes sociales, se denunció que presuntos operadores de Morena realizan recorridos casa por casa en distintas zonas de Coahuila para advertir a simpatizantes del PRI y de otros candidatos que podrían perder programas sociales si no retiran propaganda política colocada en sus viviendas.
En la grabación, cuya circulación comenzó en plataformas digitales durante las últimas horas, se acusa que personas identificadas con Morena estarían intimidando a familias que mantienen lonas y materiales de apoyo a candidatos de oposición. Según el señalamiento, los operadores advierten a los habitantes que, en caso de no retirar dichos anuncios, podrían dejar de recibir beneficios sociales otorgados por el gobierno federal.
La denuncia sostiene que este tipo de acciones representan un uso político de los programas sociales y un intento de condicionar el voto mediante amenazas dirigidas a sectores vulnerables. “Están lucrando con la necesidad de la gente y eso es inaceptable”, se afirma en el mensaje difundido junto al video, donde además se subraya que los apoyos sociales están protegidos por la Constitución y no pueden ser utilizados como mecanismo de presión electoral.
El señalamiento también recalca que los programas sociales son derechos establecidos en la ley y que ninguna autoridad o partido político puede retirarlos por razones partidistas o por la preferencia electoral de los ciudadanos. “No pueden amenazar a una familia por ejercer su libertad política”, se expresa en la denuncia pública.
La legislación mexicana establece que los programas sociales deben operar bajo principios de imparcialidad y sin condicionamientos políticos. Tanto la Constitución como diversas disposiciones electorales prohíben expresamente utilizar recursos públicos o beneficios gubernamentales para inducir, coaccionar o presionar el sentido del voto de la ciudadanía.
En distintos procesos electorales, organismos como el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales han reiterado que amenazar con retirar apoyos sociales puede constituir una conducta sancionable. Las autoridades han insistido en que los beneficiarios de programas públicos mantienen sus derechos independientemente de sus preferencias políticas o de la propaganda que coloquen en sus domicilios.
