Imágenes satelitales analizadas por la organización CartoCrítica apuntan a que el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México tuvo su origen en un ducto operado por Petróleos Mexicanos, descartando como causa principal las emanaciones naturales, de acuerdo con su director, Manuel Llano Vázquez Prada.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, el especialista sostuvo que la extensión del derrame alcanzó dimensiones “sumamente grandes”, con al menos 933 kilómetros de litoral impactado y 96 puntos contaminados. Explicó que, en su fase inicial, la mancha de crudo llegó a abarcar hasta 300 kilómetros cuadrados en mar abierto, antes de ser desplazada por corrientes hacia las costas del sureste y noreste del país.
El análisis de CartoCrítica ubica el punto de origen frente a las costas de Paraíso, desde donde el hidrocarburo se dispersó progresivamente hacia los estados de Veracruz y Tamaulipas. Llano subrayó que las imágenes satelitales permiten distinguir con claridad entre este evento y las emanaciones naturales conocidas como chapopoteras, particularmente las asociadas al complejo Cantarell. “Eso no es la chapopotera de Cantarell”, afirmó, al insistir en que la evidencia visual documenta una fuga vinculada a infraestructura petrolera.
El especialista detalló que desde el 3 de febrero se detectaban indicios del derrame, mientras que el 7 de ese mes arribó al sitio el buque reparador “Árbol Grande”, acompañado de otras embarcaciones. Según su reconstrucción, la nave permaneció 175 horas en el punto, lo que refuerza la hipótesis de una intervención directa sobre un ducto. “No es un barco que casualmente pasa por ahí”, enfatizó.
Llano cuestionó la respuesta institucional ante el incidente al señalar que el aviso oficial se emitió con un retraso de aproximadamente mes y medio. Afirmó que, mientras su organización identificó el origen en febrero, las autoridades posicionaron públicamente el tema hasta marzo, lo que, a su juicio, evitó confrontar la evidencia satelital disponible desde etapas tempranas.
En ese contexto, sostuvo que podría existir un encubrimiento con posibles implicaciones legales, tanto administrativas como penales, y planteó que corresponde al gobierno federal esclarecer quién tomó decisiones y bajo qué criterios. Añadió que el marco normativo vigente, incluido el principio de “quien contamina paga”, establece con claridad la responsabilidad de la empresa productiva del Estado en este tipo de eventos.
El director de CartoCrítica advirtió que los daños ambientales derivados del derrame son de gran magnitud y, en muchos casos, difíciles de cuantificar. Explicó que una parte significativa de los hidrocarburos no permanece en superficie ni llega a las playas, sino que se deposita en el lecho marino, donde puede generar afectaciones de largo plazo en los ecosistemas. Señaló que el conteo de fauna afectada visible representa apenas una fracción mínima del impacto real.
Asimismo, indicó que las comunidades costeras enfrentaron la contingencia sin información o preparación suficiente, lo que las dejó expuestas durante las labores de contención. Según su testimonio, no se implementaron acciones preventivas ni se dotó de equipamiento adecuado a la población local.
En relación con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mencionado la posibilidad de causas naturales, Llano reconoció la existencia de emanaciones en el Golfo de México, pero precisó que su contribución sería marginal, no superior al tres por ciento. Añadió que diversos análisis científicos coinciden en que la extensión, concentración y duración del evento observado no corresponden a este tipo de fenómenos.
El especialista también criticó lo que consideró una narrativa institucional que tiende a minimizar los derrames al centrarse en su impacto visible en costas, cuando gran parte del daño ocurre en mar abierto. Afirmó que, además de incidentes de gran escala, existen múltiples derrames cotidianos asociados a la operación petrolera.
Respecto a otros hechos recientes, como la explosión en la refinería Dos Bocas ocurrida el 17 de marzo, que dejó cinco personas fallecidas, indicó que no hay elementos para establecer una relación directa con el derrame, aunque consideró que ambos reflejan problemáticas estructurales del sector energético.
Finalmente, Llano manifestó disposición para entablar diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena, siempre que éste se sustente en información verificada y en la asunción de responsabilidades. Señaló que el esclarecimiento del caso, la transparencia de datos y la atención a los impactos —incluidos aquellos que no son visibles en superficie— serán determinantes para dimensionar las consecuencias del derrame en el Golfo de México.
