El activista ambiental Roberto Chávez, reconocido por su labor en la defensa de los bosques y los mantos acuíferos en Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del domingo en el municipio de Villa Madero, en un ataque que ocurre luego de que el propio defensor denunciara amenazas en su contra.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en la comunidad de El Sangarro, cuando Chávez, de aproximadamente 60 años, regresaba de cenar con su familia. En el trayecto, sobre el camino que conecta las localidades de El Terrenate y Etúcuaro, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido a un costado de la vía.
Servicios de emergencia acudieron al lugar tras el ataque; sin embargo, al arribar confirmaron que el defensor ambiental ya no contaba con signos vitales. Los agresores lograron darse a la fuga, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.
Roberto Chávez era integrante de un comité comunitario de defensa ambiental en la región y había dedicado años a la protección de los recursos forestales, particularmente en una zona caracterizada por su riqueza natural y su actividad resinera. Su trabajo estaba enfocado en la preservación de los bosques y el cuidado del agua, en un contexto donde comunidades locales han denunciado presiones de grupos criminales y conflictos por el control de recursos naturales.
Información difundida en medios locales señala que el activista había advertido previamente sobre riesgos a su integridad e incluso contemplaba presentar denuncias formales ante autoridades, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con su labor ambiental como posible móvil del crimen.
El asesinato de Chávez se suma a una serie de agresiones contra defensores del medio ambiente en Michoacán, una entidad donde la disputa por territorios y recursos ha colocado a activistas comunitarios en una situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer avances sustanciales en la investigación.
Organizaciones sociales y habitantes de la región han comenzado a exigir justicia y garantías de seguridad para quienes defienden el territorio, en medio de un escenario persistente de violencia que continúa afectando a líderes comunitarios y ambientales en diversas zonas del país.
