La violencia contra quienes defienden el territorio en México volvió a cobrar una vida. Nazaret Cortés Velasco, comisariada de bienes comunales de San Pedro Totolápam, Oaxaca, fue asesinada a balazos en una emboscada mientras viajaba con su hija, quien permanece hospitalizada en estado grave tras el ataque.
De acuerdo con reportes oficiales y medios nacionales, la agresión ocurrió la madrugada del 19 de marzo de 2026, cuando la defensora regresaba a su domicilio a bordo de una camioneta. Sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar. La Fiscalía estatal abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
Testimonios y reportes locales indican que el ataque fue directo y de alta violencia. La unidad en la que viajaban recibió múltiples impactos de arma de fuego, mientras que su hija resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital cercano.
Nazaret Cortés Velasco era una reconocida líder comunitaria en los Valles Centrales de Oaxaca y encabezaba la defensa del territorio comunal frente a diversas presiones ambientales. Su labor incluía la protección de los bosques, la fauna silvestre y los recursos naturales de su comunidad, en una región marcada por conflictos derivados de proyectos de residuos, actividades extractivas y tensiones agrarias.
Días antes de su asesinato, la propia Cortés había participado en la difusión de acciones comunitarias para el monitoreo ambiental, incluyendo la instalación de cámaras para detectar actividades ilegales como la caza furtiva. Su trabajo la colocaba como una figura visible en la defensa ecológica local.
El crimen ocurre en un contexto de creciente violencia contra ambientalistas en el país. México figura de manera recurrente entre los territorios más peligrosos para quienes defienden la tierra y el medio ambiente, de acuerdo con organizaciones internacionales especializadas en el seguimiento de estos ataques.
El asesinato de Cortés Velasco se suma a otros hechos recientes, como el ataque armado contra el activista Erik Saracho Aguilar en Nayarit, ocurrido apenas días antes, lo que evidencia un patrón de agresiones contra defensores del territorio en distintas regiones del país.
En comunidades rurales e indígenas, donde la defensa del entorno natural implica enfrentar intereses económicos, políticos y criminales, la actividad ambientalista se ha convertido en una labor de alto riesgo. El caso de Nazaret Cortés Velasco vuelve a colocar en el centro del debate la falta de garantías de seguridad para quienes protegen los ecosistemas en México, así como la persistente impunidad en los crímenes cometidos contra ellos.
