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CNDH reconoce mejoras materiales en estancias migratorias, pero alerta fallas graves en información de derechos a personas en movilidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Aunque documentó avances en infraestructura y una fuerte baja en el flujo migratorio, identificó omisiones serias en la garantía de derechos, especialmente en la orientación jurídica y el acceso a información clara para las personas alojadas.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer martes 13 de octubre de 2026 el Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM). Aunque el documento lleva el nombre del año que evalúa —2025—, su publicación y presentación pública ocurrieron en octubre de 2026, como es habitual en los informes anuales de supervisión: se elaboran con base en las visitas y datos del periodo evaluado y se dan a conocer el año siguiente.

El documento, elaborado por la Quinta Visitaduría General, refleja un panorama de avances materiales claros, impulsados en parte por la fuerte reducción del flujo migratorio irregular, pero también de omisiones persistentes que afectan la garantía efectiva de derechos de las personas en movilidad.

Durante 2025, el número de eventos de personas extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria cayó de manera drástica: de 986 mil 314 en 2024 a 126 mil 885. Esta disminución, la más relevante en años recientes, se refleja también en las detenciones registradas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que sumaron 237 mil 538 encuentros en el año fiscal 2025, muy por debajo de las cifras superiores al millón y medio de periodos anteriores. Venezuela, Guatemala y Honduras se mantuvieron como los principales países de origen, y Tabasco concentró el mayor número de presentaciones, con Chiapas como punto de entrada destacado desde Guatemala.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó que las instalaciones muestran hoy mejores condiciones materiales, menor ocupación y una reducción significativa de las problemáticas que en años anteriores generaron recomendaciones ordinarias y por violaciones graves. Juan Manuel Arellano Morales, director general de la Quinta Visitaduría, explicó que se supervisaron 26 recintos activos: 11 estaciones migratorias, dos estancias provisionales tipo A y 13 tipo B. Las visitas verificaron acceso a agua potable, limpieza, medicamentos, servicios médicos y equipos contra incendios. Se constataron mejoras en infraestructura, mantenimiento, protección civil y adecuación de espacios, así como una colaboración más abierta del INM.

Las 11 estaciones migratorias obtuvieron calificaciones consideradas adecuadas. Cuatro superaron los 97 puntos: Siglo XXI en Tapachula, Chiapas; Las Agujas en Iztapalapa, Ciudad de México; la de Guadalupe, Nuevo León, y la de Hermosillo, Sonora. En contraste, cuatro estancias provisionales registraron resultados insuficientes: Tijuana, Baja California; San Pedro Tapanatepec, Oaxaca; Querétaro, Querétaro, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. En Tapanatepec, severas infiltraciones obligaron a la suspensión temporal de actividades en agosto de 2025. Algunos recintos, como los de Mexicali y Chihuahua, cerraron de manera definitiva.

Pese a estos avances, la CNDH identificó omisiones graves. Piedra Ibarra subrayó que una persona que desconoce sus derechos se encuentra en mayor vulnerabilidad. El diagnóstico insiste en la necesidad de fortalecer la información accesible sobre la situación jurídica, las opciones de regularización, el retorno asistido y las vías para impugnar resoluciones administrativas. También se detectó deficiente orientación para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o para denunciar delitos, así como un acceso consular prácticamente nulo en varias estancias.

En materia de salud, aunque existen áreas de consulta médica, múltiples instalaciones carecen de personal médico permanente. La atención psicológica y odontológica suele brindarse de forma reactiva, mediante canalizaciones a instituciones públicas externas. El organismo alertó además sobre la persistencia de elementos de diseño carcelario, como barrotes y cerrojos en algunos recintos, que contravienen normas de protección civil, y la falta de adecuaciones para personas con discapacidad.

El fenómeno del “atrapamiento” continúa: personas migrantes permanecen varadas de manera prolongada e involuntaria, principalmente en las fronteras sur y norte. Entre 2021 y 2025, COMAR e INM recibieron 546 mil 920 solicitudes de asilo y protección; 2025 registró la cifra más baja, con 70 mil 584. El cierre de vías de asilo en Estados Unidos y los cambios en la política migratoria de ese país han presionado los sistemas mexicanos y prolongado el varamiento.

Durante la presentación, Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico del INM, reconoció que la calidad de la atención no se mide solo por la infraestructura, sino por el trato que recibe cada persona y el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Afirmó que se trabaja en una propuesta de nueva Ley de Migración centrada en la dignidad de las personas en movilidad, con base en los principios de progresividad de los derechos humanos y no repetición. También se enfatizó el respeto al límite de permanencia de 36 horas y al debido proceso.

La reforma a la Ley de la CNDH, publicada el 1 de abril de 2024, incorporó expresamente la atribución de supervisar el respeto a los derechos humanos en las estancias migratorias mediante un diagnóstico anual. En 2025, la CNDH emitió solo una recomendación dirigida al INM (la 75/2025), relacionada con el rechazo de una persona residente permanente, y ninguna vinculada directamente con las condiciones de los recintos. El Sistema Nacional de Alerta registró 1,449 expedientes relacionados con el INM, de los cuales se concluyeron 1,420.

El Diagnóstico 2025 concluye que las condiciones materiales presentan una mejora sostenida respecto del Informe Especial de 2023 y del Diagnóstico 2024. La reducción del hacinamiento, el mejoramiento de la infraestructura y la disminución de quejas constituyen avances verificables. Sin embargo, el reto principal sigue siendo transitar de un modelo centrado en la detención hacia alternativas de alojamiento con enfoque de derechos humanos, que garanticen información clara, atención especializada y acceso efectivo a la justicia. La CNDH reconoció la disposición del INM para atender las observaciones, pero insistió en que las mejoras materiales deben traducirse en garantías reales para cada persona alojada.

El documento completo está disponible en el sitio oficial de la CNDH y se dirige a la Secretaría de Gobernación y al comisionado del Instituto Nacional de Migración.

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