El consejero electoral Arturo Castillo Loza advirtió que los presuntos esquemas de corrupción y desvío de recursos que gatillaron la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE configuran delitos graves, tales como enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, los cuales ameritan prisión preventiva de forma obligatoria.
El escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado un rumbo de carácter penal. Tras la estrepitosa renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, el consejero electoral Arturo Castillo Loza advirtió públicamente que los señalamientos de corrupción e irregularidades contractuales que forzaron su salida configuran conductas ilícitas graves que se persiguen de oficio.
De acuerdo con lo expuesto por Castillo Loza desde las instalaciones centrales del instituto, los hechos denunciados en medios de comunicación e indagatorias internas encuadran potencialmente en los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. El consejero recordó de manera explícita que, bajo los supuestos vigentes del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tipo de ilícitos de alto impacto financiero ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar obligatoria orientada a evitar que los imputados evadan la acción de la justicia.
Ante la gravedad institucional de la situación, Castillo urgió a que la Fiscalía General de la República (FGR) formalice y avance con celeridad en las carpetas de investigación correspondientes. Paralelamente, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE confirmó que mantiene abiertas al menos 16 líneas de investigación administrativa vigentes, de las cuales 11 se encuentran directamente vinculadas con licitaciones y adjudicaciones de contrataciones públicas del instituto.
A este cerco fiscalizador se suma la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que ya inició de manera formal los procedimientos de auditoría integral debido al hallazgo de sólidos indicios de triangulación de capitales públicos, colusión corporativa y claros conflictos de interés durante la administración saliente.
