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Cuestiona adultocentrismo en el Día de la Niña y el Niño y plantea ruta para transformar la relación con las infancias

En el marco del Día de la Niña y el Niño, especialistas en derechos humanos, educación y desarrollo social coinciden en que uno de los principales obstáculos estructurales para garantizar el bienestar de las infancias es el adultocentrismo, una lógica profundamente arraigada que coloca a las personas adultas como centro de poder, conocimiento y toma de decisiones, relegando a niñas, niños y adolescentes a un rol subordinado y, en muchos casos, invisibilizado
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En el marco del Día de la Niña y el Niño, especialistas en derechos humanos, educación y desarrollo social coinciden en que uno de los principales obstáculos estructurales para garantizar el bienestar de las infancias es el adultocentrismo, una lógica profundamente arraigada que coloca a las personas adultas como centro de poder, conocimiento y toma de decisiones, relegando a niñas, niños y adolescentes a un rol subordinado y, en muchos casos, invisibilizado.

El adultocentrismo no se limita a actitudes individuales, sino que forma parte de una cultura que atraviesa instituciones, políticas públicas, sistemas educativos y dinámicas familiares. Se manifiesta cuando se minimiza la voz de las infancias, se invalidan sus emociones o se toman decisiones que afectan su vida sin considerar su opinión. De acuerdo con organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), esta práctica contradice principios fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente el derecho a la participación y a ser escuchados en los asuntos que les conciernen.

Desde una perspectiva económica y social, el adultocentrismo también tiene implicaciones relevantes. Limitar la participación de niñas y niños en su entorno reduce la posibilidad de formar ciudadanos críticos, autónomos y con capacidad de incidir en su comunidad. A largo plazo, esto impacta en la calidad del capital humano, en la innovación social y en la cohesión comunitaria. Diversos estudios en educación han documentado que entornos donde se fomenta la escucha activa y la participación infantil contribuyen a mejores resultados en aprendizaje, salud mental y desarrollo emocional.

Además, la persistencia de prácticas adultocentristas puede derivar en formas de violencia simbólica o estructural. Ignorar sistemáticamente la opinión de una niña o un niño, imponer castigos sin diálogo o desestimar sus preocupaciones refuerza relaciones de poder desiguales. Esto no solo afecta su autoestima y desarrollo, sino que normaliza patrones de exclusión que pueden reproducirse en la vida adulta.

Frente a este panorama, expertos plantean que desmontar el adultocentrismo requiere un cambio cultural progresivo que comience en lo cotidiano. Reconocer a las infancias como sujetos de derechos implica modificar prácticas en el hogar, la escuela y los espacios públicos. Escuchar activamente, validar emociones y permitir la participación en decisiones acordes a su edad son pasos fundamentales. También se subraya la importancia de revisar el lenguaje, evitando expresiones que descalifican o infantilizan de manera despectiva.

En el ámbito institucional, avanzar hacia políticas públicas con enfoque de derechos de la infancia resulta clave. Esto incluye incorporar mecanismos reales de participación infantil en el diseño de programas, fortalecer la capacitación docente en pedagogías inclusivas y garantizar entornos seguros donde niñas y niños puedan expresarse sin temor.

El Día de la Niña y el Niño, más allá de celebraciones simbólicas, se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones en las que crecen millones de menores en el país y para replantear la relación entre generaciones. Superar el adultocentrismo no implica perder autoridad, sino transformarla en una guía basada en el respeto, la escucha y la corresponsabilidad.

En un contexto donde los desafíos sociales y económicos demandan soluciones integrales, integrar la voz de las infancias no es únicamente un imperativo ético, sino una estrategia de desarrollo sostenible que puede incidir en la construcción de sociedades más equitativas e incluyentes.

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