El exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, representa un hecho que debe generar preocupación pública por el contexto político y judicial en el que ocurrió, al tiempo que vinculó el caso con los efectos que, a su juicio, ha tenido la reforma al Poder Judicial sobre la independencia de los tribunales y la confianza para invertir en México.

En su columna publicada en La Aurora de México, Cordero afirmó que las autoridades buscan presentar a Ruffo como el presunto líder de una red relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, una acusación que, según expone, resulta poco creíble para quienes conocen la trayectoria del primer gobernador de oposición electo en el país tras décadas de hegemonía priista.

El exfuncionario panista señaló que, independientemente de las opiniones personales que puedan existir sobre Ruffo Appel, considera difícil sostener que el exmandatario estatal sea el supuesto jefe de una organización criminal vinculada con los hermanos Carmona y otros presuntos involucrados. Por ello, llamó a analizar el contexto político que rodea el proceso judicial.

En su análisis, Cordero recordó que este asunto ya había sido llevado anteriormente ante un juez, quien desestimó las imputaciones formuladas por las autoridades. Aseguró que, tras ese revés, el gobierno volvió a presentar el caso y obtuvo una resolución favorable de una juzgadora incorporada al Poder Judicial después de la reforma impulsada por el oficialismo.

Desde su perspectiva, esa secuencia alimenta dudas sobre la autonomía con la que actualmente actúan los órganos jurisdiccionales. El exsecretario sostuvo que existe la percepción de que la independencia judicial está siendo sustituida por criterios de obediencia política, una situación que, afirmó, tendría implicaciones que trascienden el caso específico de Ruffo.

Cordero también contextualizó la relevancia política del exgobernador bajacaliforniano al recordar que en 1989 logró la primera alternancia en una gubernatura al derrotar al PRI en Baja California, convirtiéndose en una de las figuras emblemáticas de la transición democrática y del Partido Acción Nacional.

Bajo esa óptica, planteó que la detención ocurre en un momento particularmente delicado para el gobierno de Morena, debido a los cuestionamientos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por diversas controversias públicas. En ese escenario, aseguró que existe la percepción de que el proceso contra Ruffo podría interpretarse como una acción dirigida contra un adversario político para desviar la atención de los problemas que enfrenta la administración estatal.

El exsecretario de Hacienda advirtió que el principal riesgo no radica únicamente en una eventual persecución política, sino en las consecuencias que, según su análisis, tendría el debilitamiento de la independencia judicial sobre la economía mexicana.

En su columna argumentó que ninguna economía puede sostener un crecimiento de largo plazo sin jueces independientes que otorguen certeza jurídica a ciudadanos, empresas e inversionistas. Señaló que quienes arriesgan capital para desarrollar proyectos productivos requieren la confianza de que cualquier controversia será resuelta conforme a la ley y no bajo criterios políticos.

Cordero afirmó que la certeza jurídica constituye un elemento indispensable para impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito, promover la innovación y generar crecimiento económico. A su juicio, cuando los inversionistas perciben que los tribunales carecen de autonomía frente al poder político, disminuye la disposición para emprender nuevos proyectos y generar empleos.

En ese sentido, relacionó la situación económica del país con el deterioro institucional. Sostuvo que México atraviesa un periodo de estancamiento caracterizado por una desaceleración en la creación de empleos formales, una inversión privada contenida y un ambiente de desconfianza empresarial.

Aunque reconoció que existen diversos factores que explican el desempeño económico nacional, ubicó la erosión del Estado de derecho como uno de los elementos centrales que afectan las perspectivas de crecimiento.

El exfuncionario concluyó que la reforma al Poder Judicial representa, desde su punto de vista, un retroceso democrático y uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país. Argumentó que mientras no existan tribunales plenamente independientes continuará afectándose la confianza de los inversionistas, con repercusiones sobre el empleo, la actividad productiva y el crecimiento.

Las afirmaciones de Ernesto Cordero corresponden a opiniones expresadas en su columna y se suman al debate político y jurídico que ha surgido tras la detención de Ernesto Ruffo Appel, caso que continúa generando posicionamientos encontrados entre actores políticos, especialistas y autoridades.