Graciela Domínguez Nava será la nueva gobernadora interina de Sinaloa, en una decisión que coloca nuevamente al estado en el centro de una intensa disputa política y que provocó un inmediato rechazo entre las fuerzas de oposición, particularmente por la trayectoria de la legisladora dentro de Morena y su relación política y administrativa con el gobierno de Rubén Rocha Moya.
La designación ocurre en uno de los momentos más delicados para la vida política de Sinaloa, después de la licencia indefinida solicitada por Rocha Moya y de la controversia que generó su intento de regresar al cargo. La llegada de Domínguez Nava al Poder Ejecutivo representa para Morena una salida dentro de sus propios cuadros, mientras que para sus adversarios constituye una señal de que el grupo político identificado con el gobernador saliente conservará influencia en la conducción del estado.
La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, expresó abiertamente su rechazo a la decisión y resumió su posición con una frase contundente: “Ganó el rochismo”.
La declaración fue realizada por la legisladora durante una entrevista con Azucena Uresti, en la que cuestionó que el Congreso haya optado por Graciela Domínguez para asumir las riendas del estado. Desde la perspectiva de Gárate, la elección representa la permanencia de un grupo político cercano a Rocha Moya justo cuando la oposición había demandado que la persona encargada de concluir el actual periodo constitucional tuviera distancia de la administración saliente.
El señalamiento de la priista coloca el nombramiento en una dimensión que trasciende el relevo administrativo. Para la oposición, el debate no se limita a quién ocupará temporalmente la gubernatura, sino a si el cambio permitirá iniciar una nueva etapa institucional o si, por el contrario, significará la continuidad de las decisiones y alianzas construidas durante el gobierno de Rocha Moya.
Domínguez Nava cuenta con una amplia trayectoria política en Sinaloa. Su carrera comenzó en la izquierda partidista y posteriormente se incorporó a Morena. Fue diputada local durante la LIX Legislatura, entre 2007 y 2010, cuando formó parte del PRD, y años después regresó al Congreso estatal como integrante de Morena para el periodo 2018-2021.
Durante aquella legislatura tuvo un papel central en el Poder Legislativo sinaloense, al presidir la Junta de Coordinación Política y coordinar al grupo parlamentario de Morena. Posteriormente se incorporó al gabinete de Rocha Moya, lo que fortaleció su vínculo político con la administración estatal.
Precisamente ese antecedente es uno de los principales argumentos utilizados por sus detractores para cuestionar su llegada al Ejecutivo. La oposición sostiene que una persona que formó parte de la estructura política y administrativa de Rocha Moya difícilmente puede ser considerada un perfil completamente ajeno al grupo que encabezó el gobierno estatal.
La disputa por la gubernatura interina se produce después de una serie de acontecimientos que profundizaron la incertidumbre política en Sinaloa. Rocha Moya había solicitado licencia para separarse del cargo, pero posteriormente anunció su intención de regresar a la gubernatura, decisión que generó cuestionamientos dentro y fuera de Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó públicamente que el regreso de Rocha Moya no le parecía pertinente y señaló que quien estuviera al frente de Sinaloa debía ser una persona honesta, profesional y capaz de garantizar la conducción del estado hasta la conclusión del periodo constitucional.
En medio de esa presión política, Rocha Moya volvió a solicitar licencia indefinida. Mientras el Congreso resolvía el relevo, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quedó temporalmente al frente del despacho del Ejecutivo estatal.
La salida de Rocha Moya abrió entonces una nueva discusión dentro del Congreso de Sinaloa: quién debía asumir la responsabilidad de conducir el estado durante el periodo restante de la administración. Morena, que mantiene una posición dominante en el Legislativo local, impulsó a Domínguez Nava, mientras que los partidos de oposición reclamaron un perfil que pudiera generar mayor confianza entre los distintos sectores políticos y sociales.
El escenario también está marcado por las investigaciones y señalamientos que han rodeado al gobierno sinaloense. La Fiscalía General de la República mantiene indagatorias relacionadas con diversos hechos y acusaciones vinculadas con Sinaloa, mientras Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que no existen elementos que acrediten responsabilidad de su parte.
Para los partidos opositores, la designación de Domínguez Nava representa precisamente la oportunidad perdida para marcar una ruptura con esa etapa. De ahí que la frase pronunciada por Paola Gárate durante su entrevista con Azucena Uresti haya adquirido relevancia en el debate político: “Ganó el rochismo”.
La tensión llegó incluso a las calles. Ciudadanos, empresarios y representantes de distintas fuerzas políticas se han manifestado contra el regreso de Rocha Moya y contra la posibilidad de que una persona identificada con su grupo asumiera el control del Ejecutivo. Las protestas reflejan el desgaste político acumulado y la exigencia de sectores de la sociedad sinaloense de contar con un gobierno capaz de recuperar la confianza pública.
Para Morena, en contraste, la designación de Domínguez Nava permite mantener la continuidad institucional y política en un momento de alta presión. Su experiencia legislativa, su conocimiento de la administración pública y su pertenencia al movimiento que gobierna el estado fueron elementos determinantes para que su nombre avanzara como la opción para encabezar el Ejecutivo.
