En un giro que ha encendido el debate sobre la libertad de expresión, seguridad de defensores y responsabilidades parlamentarias, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Judith Vanegas Tapia señaló de manera pública al defensor de derechos humanos Carlos González García como “enemigo histórico” de los pueblos de Milpa Alta, cuya labor está vinculada al Congreso Nacional Indígena (CNI). El expresivo calificativo, emitido en un audiovisual que circula en redes, provocó la exigencia articulada de múltiples organizaciones de la sociedad civil para que la legisladora ofrezca una disculpa pública y rectifique su afirmación, ante lo que se consideró una amenaza ante el defensor.
El episodio tiene lugar en un contexto de creciente tensión entre cuerpos legislativos y defensores de derechos humanos en México, un escenario donde los señalamientos públicos de representantes electos hacia activistas no son solo declaraciones, sino pueden convertirse en elementos de riesgo para quienes realizan labores de protección comunitaria. En este caso, las organizaciones alertan que la frase “enemigo histórico” trasciende la crítica política o ideológica: es vista como un acto de estigmatización que puede legitimar hostigamiento, vulnerabilización o criminalización de la labor de González García, quien ha acompañado a comunidades indígenas en distintos procesos.
La diputada Vanegas Tapia emitió su declaración durante un evento público en la demarcación de Milpa Alta, donde afirmó: “Se llama el licenciado Carlos González García, enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer”. Esta declaración fue captada en video y ampliamente difundida en plataformas digitales, lo que generó consternación en colectivos de derechos humanos y activistas que subrayan que la retórica utilizada rompe el estándar institucional para el uso de lenguaje en el Congreso.
Por su parte, colectivos del CNI y otras agrupaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), responsabilizaron al Estado y al legislativo de velar porque los discursos públicos de los representantes no constituyan amenazas, directas o implícitas, contra quienes defienden derechos humanos. En un pronunciamiento conjunto, exigieron que Vanegas Tapia realice una disculpa pública, se retracte de su calificativo y se comprometa a respetar la labor de los defensores, recordando que la Constitución federal y tratados internacionales protegen el derecho a disentir, a organizarse y a acompañar a comunidades sin ser objeto de estigmatización.
El incidente también pone en evidencia una compleja encrucijada para el partido Morena, que aglutina en sus bancadas a legisladores con perfiles diversos y, al mismo tiempo, enfrenta la urgencia de construir una narrativa coherente sobre la convivencia democrática, el respeto a la disidencia y el papel de la defensoría social. Si bien el partido no se ha manifestado hasta el momento con un pronunciamiento público al respecto, la exigencia de responsabilidad política para la diputada se ha convertido en un foco de presión mediática que podría derivar en medidas disciplinarias internas o en acciones éticas por parte del órgano legislativo.
Desde el lado de la defensa, González García no solo enfrenta el señalamiento verbal, sino que la comunidad que acompaña advierte un aumento del riesgo latente. La estigmatización desde un escaño público, apuntan, no es un acto aislado sino parte de una dinámica más amplia de hostilidad hacia quienes defienden derechos de pueblos indígenas, territorios y recursos. En este sentido, su equipo ha iniciado una documentación de los hechos y un registro de posibles repercusiones para activar rutas de protección, tanto institucionales como de visibilidad internacional.
El escenario plantea preguntas fundamentales sobre los límites del discurso en el Poder Legislativo mexicano, la protección del activismo social y el grado en que la investidura pública debe conllevar una carga ética mayor al hacer afirmaciones sobre ciudadanos. Mientras tanto, las organizaciones defensoras advierten que sin una rectificación pública por parte de Vanegas Tapia se envía un mensaje peligroso: que los enemigos declarados pueden encontrarse entre quienes tienen un escaño y quienes acompañan procesos de justicia social.
En lo inmediato, todo queda a la espera de que la diputada responda al llamado de disculpa, mientras el caso se convierte en un nuevo termómetro del clima político-legislativo respecto a la criminalización del activismo, la tolerancia al disenso y la rendición de cuentas de quienes representan al pueblo mexicano dentro del Poder Legislativo.
