Después de una sesión que se prolongó durante casi 11 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución relacionada con los requisitos de nacionalidad para ocupar los principales cargos ejecutivos del país.
El dictamen recibió 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, y fue enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La propuesta establece que quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana. Quienes tengan una segunda nacionalidad tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura, de acuerdo con el dictamen aprobado.
¿Qué aprobó exactamente la Cámara de Diputados?
La reforma plantea modificar tres artículos de la Constitución: el 82, relativo a los requisitos para ocupar la Presidencia; el 116, que establece disposiciones para los gobiernos estatales, y el 122, referente al régimen constitucional de la Ciudad de México.
De aprobarse definitivamente, las personas que aspiren a alguno de estos cargos no podrían mantener otra nacionalidad al momento de registrarse como candidatas.
El proyecto también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo: quienes ocupen la Presidencia o una gubernatura no podrían adquirir, solicitar, invocar o hacer valer otra nacionalidad durante su mandato. Entre las disposiciones planteadas está la prohibición de utilizar un pasaporte extranjero o solicitar protección diplomática de otro país.
La aplicación de estos cambios está planteada para el proceso electoral de 2028. El régimen transitorio establece además que la reforma no afectaría a quienes ya se encuentren en funciones cuando entre en vigor.
Es importante señalar que aunque la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto en ambas etapas de discusión, se trata de una reforma constitucional y todavía debe completar el procedimiento previsto por la Constitución.
El siguiente paso corresponde al Senado de la República, que deberá discutir y votar el dictamen. Si la Cámara alta lo aprueba, el proyecto continuará con el procedimiento constitucional correspondiente.
En caso de que el Senado realice modificaciones, el texto tendría que regresar a la Cámara de Diputados para que ésta analice los cambios.
¿Qué sigue después del Senado?
Al tratarse de una modificación constitucional, el proceso no termina con la aprobación de ambas cámaras.
El proyecto debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados y posteriormente realizarse la declaratoria correspondiente. Una vez cumplidos esos pasos, el decreto tendría que ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, la aprobación de San Lázaro representa un avance dentro del proceso legislativo, pero todavía no significa que la prohibición de la doble nacionalidad para estos cargos sea una norma vigente.
¿A quiénes afectaría la reforma?
De convertirse en reforma constitucional, los nuevos requisitos estarían dirigidos a quienes busquen:
- La Presidencia de la República.
- Una gubernatura.
- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta no establece una prohibición general de la doble nacionalidad para la población mexicana. Su alcance está relacionado específicamente con los requisitos y obligaciones de quienes aspiren a esos cargos públicos.
El debate continuará ahora en el Senado, donde las distintas fuerzas políticas deberán fijar posición sobre el contenido del dictamen antes de que pueda avanzar a las siguientes etapas del procedimiento constitucional.
