La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente que el gobierno de Estados Unidos no ha concretado una sola de las 269 solicitudes de extradición presentadas por las autoridades mexicanas desde 2018 hasta mayo de 2026. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal exigió reciprocidad judicial a la administración estadounidense, luego de que Washington presionara para la detención inmediata de 10 ciudadanos mexicanos.
El desglose oficial presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revela una parálisis total en los requerimientos judiciales enviados a la Unión Americana. El balance estadístico confirma que los procesos legales enfrentan severos filtros burocráticos en las cortes estadounidenses.
Cifras del rezago en los tribunales de Estados Unidos
- Solicitudes rechazadas: Las autoridades norteamericanas descartaron formalmente 36 peticiones mexicanas.
- Casos pendientes: Existen 233 expedientes que permanecen congelados o en fase de desahogo.
- Juicios activos: De los casos rezagados, 183 corresponden a demandas de entrega formal en cortes y 50 a órdenes de captura provisional.
En la mayoría de las detenciones preventivas frenadas, el Departamento de Justicia de EE. UU. argumenta que el gobierno de México debe aportar datos adicionales o robustecer los elementos de prueba.
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que los requerimientos de la justicia mexicana no son menores, ya que involucran delitos graves como delincuencia organizada, defraudación fiscal masiva y corrupción de exgobernadores.
Soberanía y el Tratado de Extradición Bilateral: La postura diplomática
Pese al enérgico reclamo, la mandataria mexicana aclaró que este diferendo jurídico no pone en riesgo la vigencia del acuerdo internacional de extradición mutua.
La postura del Gobierno de México se concentra en aplicar los mismos estándares de revisión que Washington exige. Por ello, la solicitud de pruebas contundentes antes de detener a un connacional es defendida como un ejercicio legítimo de soberanía nacional. El objetivo final, según la Presidencia, es mantener la cooperación en materia de seguridad con la administración de Donald Trump, pero bajo un principio estricto de respeto e igualdad jurídica.
