La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración interpondrá una denuncia por difamación en contra del abogado Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable el pasado viernes en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a los señalamientos realizados por Lichtman, quien la acusó de actuar “más como el brazo de relaciones públicas” de una organización criminal que como jefa de Estado. La presidenta calificó como inaceptables estas declaraciones y enfatizó que su gobierno no establecerá diálogo con representantes legales de narcotraficantes.
“Primero, no establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; dos, vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”, afirmó Sheinbaum ante medios de comunicación.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya se encuentra trabajando en la formulación de la denuncia correspondiente, detalló la mandataria.
Además, Sheinbaum respondió a los señalamientos que el litigante hizo respecto al caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y posteriormente liberado tras ser repatriado a México, donde no se le fincaron cargos. La presidenta consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe aclarar públicamente los detalles del proceso y reiteró que el gobierno anterior ya había expuesto pruebas de la inocencia del militar.
“Es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación y cómo la FGR participó en este tema”, subrayó.
Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que se interpondrá una demanda por difamación en México en contra del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman. pic.twitter.com/v57eMnly2w
Finalmente, la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno no tiene ni tendrá relaciones de complicidad con ningún actor delictivo, y destacó que los esfuerzos de su administración están enfocados en la reducción de la violencia y los homicidios dolosos en el país.
La polémica surge en un contexto de alta sensibilidad en torno a la cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, así como de creciente escrutinio sobre el papel del sistema judicial en ambos países.
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