Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, aseguró que los violentos destrozos registrados el pasado sábado en el centro histórico de Guadalajara durante una marcha mayoritariamente pacífica fueron obra de un “grupo de choque pagado” proveniente principalmente de los estados de Estado de México y Michoacán. La declaración generó inmediatas reacciones, así como demandas de esclarecimiento y responsabilidad política.
Según Lemus Navarro, la movilización ocurrida en Guadalajara tenía como propósito legítimo manifestarse por seguridad y justicia, en un contexto marcado por protestas de jóvenes y colectivos de la denominada Generación Z contra la violencia en el país. Sin embargo, dijo, esa marcha fue infiltrada por un contingente distinto, estimado en alrededor de 50 personas, que arribó a la ciudad en camiones pagados, vestidos de negro, con el propósito exclusivo de generar disturbios, atacar al patrimonio público y desviar la atención nacional hacia Jalisco.
Lemus precisó que, de los 40 detenidos por los hechos, 17 han sido identificados como “de alta peligrosidad” y provenientes de otros estados de la República. “Son delincuentes pagados, con intereses políticos a nivel nacional para tratar de desviar lo que estaba pasando en la Ciudad de México”, afirmó, anunciando que en sus declaraciones señalarán quiénes financiaron su transporte, alojamiento y sueldo para cometer los actos de vandalismo.
El gobernador hizo un llamado a distinguir entre la movilización ciudadana y pacífica —que, dijo, representa al 95 % de los participantes en la protesta del sábado— y el grupo violento que apareció por la tarde y noche, fuera del contexto de la convocatoria inicial. “Las familias, los maestros, los doctores que marcharon querían ser escuchados. Muy diferente del bloque negro que ocasionó desmanes”, expresó.
El epicentro del daño fue el edificio del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, donde se reportaron cristales rotos, mobiliario dañado y pintas en la fachada y en el interior. La administración estatal explicó que aunque las acciones podrían revestir carácter federal —por tratarse de daños a monumentos protegidos— la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó atraer el caso, por lo que la carpeta quedó a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
En sus declaraciones, Lemus Navarro mencionó también a un sujeto apodado “El Tarzán”, al que identificó como uno de los presuntos instigadores, con historial de al menos diez movilizaciones violentas previas en entidades gobernadas por la oposición. “Lo tenemos identificado y en sus declaraciones va a ir soltando quién le pagó”, indicó el mandatario.
Al mismo tiempo, organizaciones civiles y periodistas en Jalisco han señalado que durante los hechos también se registraron excesos policiales, particularmente en la agresión a reporteros y confiscación de equipo en medio del operativo de dispersión. Ante ello, Lemus reconoció que dos elementos de la policía estatal se encuentran bajo investigación interna y prometió una disculpa pública a los comunicadores afectados.
La movilización, que había sido convocada para manifestar solidaridad con víctimas de la violencia y exigir mayor seguridad para los jóvenes, se torna ahora en un episodio de confrontación política y cuestionamientos al Estado sobre su capacidad de distinguir entre la protesta social legítima y los actos coordinados de provocación. En Jalisco, los próximos días serán clave para saber si las autoridades estatales logran identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales detrás de estos hechos, así como reconstruir la confianza de una ciudadanía que salió a la calle a ser escuchada y terminó siendo escenario de un operativo de choque, según la versión oficial.
