El domingo 6 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales y del estado de Guerrero localizaron y desmantelaron de manera simultánea tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina. Uno estaba en Coahuayutla de José María Izazaga. Los otros dos, en Zirándaro de los Chávez.
La operación fue conjunta: Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, SSPC y autoridades estatales. Harfuch subrayó dos elementos. El primero, el terreno: laboratorios en zonas inaccesibles y de alto riesgo, donde el Ejército tuvo que desplegarse para llegar. El segundo, la inteligencia: “Resaltamos también la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos”.
El inventario publicado por el propio secretario incluye más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores, más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio, aproximadamente 2,400 kilogramos de una sustancia química y cerca de 1,000 kilogramos de precursores, además de condensadores, destiladores y equipo diverso. Reportes periodísticos que condensan el operativo hablan de más de 7.8 toneladas y unos 25,800 litros de sustancias e insumos en los tres sitios.
En Zirándaro, una de las primeras acciones halló 127 tambos de 200 litros, 26 tinas —dos de ellas con mil kilos de un material blanco—, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora y recipientes con químicos. El patrón es el de una cocina industrial, no el de un laboratorio improvisado de trastienda. Los materiales se inhabilitaron conforme a protocolo y se dio vista al Ministerio Público.
El anuncio no llegó en el vacío. Días antes, la Secretaría de Marina había desmantelado en Sinaloa un complejo de 5,700 metros cuadrados —el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de Claudia Sheinbaum, según Harfuch— con más de 16 toneladas de aparente metanfetamina en distintas fases. La DEA sostuvo que varios de esos golpes “no habrían ocurrido” sin su inteligencia. Harfuch respondió que el origen está en instituciones mexicanas, “fortalecido” con intercambio de información. La tensión narrativa es conocida: Washington reclama autoría de inteligencia; Ciudad de México reclama autoría operativa.
Guerrero, y en particular la Tierra Caliente, no es un escenario nuevo. Zirándaro y Coahuayutla están en una franja de difícil control territorial, con historial de producción de sintéticos, disputa entre grupos y geografía que favorece cocinas alejadas de cascos urbanos. Desactivar tres laboratorios al mismo tiempo busca cortar capacidad de producción, no solo exhibir un decomiso. Harfuch lo dijo en esos términos: afectar el suministro hacia las calles y los ingresos de las organizaciones.
Conviene leer el golpe con proporción. Asegurar precursores, reactores y tambos interrumpe una línea de producción. No equivale, por sí solo, a desarticular a la organización que los opera. En este anuncio no se detalló la captura de un objetivo prioritario ni el nombre del grupo al que se atribuyen las cocinas. El valor inmediato es logístico y financiero: menos capacidad instalada, menos químico disponible, más costo de reposición.
La metanfetamina sigue siendo, junto con el fentanilo, el eje de la agenda bilateral en materia de drogas sintéticas. Cada operativo de este tipo se usa en México para mostrar resultados y en Estados Unidos para medir cooperación. El dato verificable de este domingo es concreto: tres laboratorios, dos municipios de Guerrero, reactores y toneladas de insumos fuera de circulación, Ejército en zona de alto riesgo e inteligencia compartida con EUA.
