Dos ex altos mandos de la desaparecida Policía Federal fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias por el presunto desvío de más de 65 millones de dólares relacionados con un contrato firmado con una empresa israelí durante el sexenio pasado. La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tras investigaciones impulsadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La Secretaría Anticorrupción informó que las investigaciones acreditaron faltas administrativas graves cometidas por dos ex funcionarios vinculados al manejo irregular de recursos públicos dentro de la extinta Policía Federal. Las sanciones incluyen fuertes multas económicas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con la resolución del TFJA, los recursos desviados estaban relacionados con un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, especializada en tecnología y sistemas de defensa.
¿Quiénes son los ex mandos sancionados?
Entre los funcionarios castigados se encuentra Frida Martínez Zamora, quien recibió una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargos públicos, además de una sanción económica derivada del daño ocasionado al erario federal.
También fue sancionado Damián Canales Mena, ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, quien fue inhabilitado por 15 años y deberá responder económicamente por las irregularidades detectadas en el contrato investigado.
Las autoridades señalaron que el caso se originó tras detectar posibles irregularidades en la administración y destino de recursos públicos asignados a obligaciones derivadas del convenio firmado con Rafael Advanced Defense System LTD.
La Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción reunió pruebas documentales y administrativas que permitieron sustentar las sanciones impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas
Además de las sanciones administrativas, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República, institución que mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
Las autoridades federales no descartaron nuevas acciones legales contra otros posibles involucrados en las operaciones financieras vinculadas al contrato investigado.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y sanción contra servidores públicos involucrados en actos ilícitos o manejo irregular de recursos.
En su posicionamiento oficial, la dependencia reiteró que la política de combate a la corrupción busca garantizar transparencia, rendición de cuentas y cero impunidad dentro de las instituciones federales.
