En el marco de la sesión final para votar la reforma al artículo 127 constitucional, El día de hoy un grupo de jubilados de CFE, PEMEX, Luz y Fuerza y Banobras acudió a la Cámara de Diputados para manifestarse activamente frente al acceso de Emiliano Zapata, la emblemática puerta 1.
Los asistentes, equipados con pancartas y megáfonos, ejercieron su derecho a la libre expresión avanzando con firmeza hasta el área de registro y aduanas, donde se localizan los filtros de seguridad. Ante el dinamismo de la movilización y la activación de los protocolos preventivos, el personal de resguardo delimitó el acceso a las áreas internas, mientras los manifestantes defendieron mediante consignas la vigencia de sus derechos adquiridos, pidiendo que la reforma no tuviera un carácter retroactivo.
Esta actualización del artículo 127 busca definir parámetros para las pensiones en empresas públicas y organismos descentralizados, planteando un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. No obstante, el objetivo de los sectores representados es asegurar la integridad de las percepciones que garantizan una vida digna tras décadas de servicio, enfatizando el valor humano y el compromiso del Estado con sus trabajadores por encima de las proyecciones presupuestales.
Los colectivos de jubilados argumentan que el proyecto de reforma, en su redacción actual, plantea implicaciones jurídicas no solo para las futuras generaciones de pensionados, sino para quienes ya consolidaron sus derechos bajo marcos normativos previos de seguridad social.
Sus principales argumentos son:
- Que sus pensiones se calcularon y se otorgaron bajo normas vigentes cuando laboraban, y que aplicar el tope de forma retroactiva violaría el artículo 14 constitucional, que protege el principio de legalidad y prohíbe normas retroactivas desfavorables.
- Que el término “pensiones doradas” se utiliza de manera generalizada para estigmatizar a todos los jubilados, cuando ellos mencionan que solo un pequeño porcentaje (alrededor de 1%) recibe montos muy altos.
- Que la mayoría de los que protestan no son mandos directivos, sino trabajadores que aportaron décadas de servicio y ahora temen que sus ingresos se reduzcan hasta en 50%, afectando su estabilidad económica.
Además, denuncian que el proceso legislativo ha omitido la participación de sus sindicatos y asociaciones. Los representantes sostienen que, aunque la propuesta se presente enfocada en mandos directivos, la falta de una metodología detallada —elaborada en conjunto con actuarios y especialistas en seguridad social— genera el riesgo de interpretaciones administrativas amplias que alcancen al personal de base. Por ello, exigen que la discusión se abra a un diálogo técnico donde se defina con claridad que el tope respetará las pensiones ya adquiridas y solo aplicará a quienes se jubilen tras la entrada en vigor de la reforma.
Ante la inminencia de la votación en el Pleno, la presencia física de los jubilados en el Congreso buscó consolidar su posición como actores centrales en el proceso. Su intención, al buscar el acceso directo al recinto, fue enfatizar la necesidad de ser incluidos en la toma de decisiones, demandando que se reconozca su derecho a participar activamente en la definición de un marco normativo que impacta directamente en su estabilidad económica y profesional.
En suma, la movilización de los jubilados de los sectores estratégicos del país subraya una demanda central: la necesidad de una técnica legislativa precisa que garantice la seguridad jurídica de quienes han cumplido con sus años de servicio. El planteamiento de los colectivos no se opone a la eficiencia presupuestaria, sino que busca evitar que criterios de interpretación general vulneren derechos adquiridos protegidos por la Constitución.
Para los representantes de las asociaciones de CFE, PEMEX, Luz y Fuerza y Banobras, el camino hacia una reforma equitativa debe transitar por el diálogo social y el análisis actuarial. Su postura final insiste en que cualquier tope remunerativo debe implementarse con una visión de futuro que respete la irretroactividad de la ley, asegurando que la estabilidad económica de los pensionados actuales permanezca ajena a las fluctuaciones de la política administrativa.
