Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, presentó este lunes 9 de noviembre de 2026 una demanda de amparo ante jueces federales en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de funcionarios de la dependencia. La acción legal se centra en el incumplimiento de órdenes emitidas por el Ministerio Público Federal para localizar a personas que podrían aportar información sobre la desaparición de su hijo.
Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años al momento de los hechos y originario de Guadalupe Victoria, Durango, desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 en el establecimiento Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. Según el relato familiar, el joven se encontraba con parientes celebrando su cumpleaños, se levantó de la mesa para ir al baño y no regresó. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.
En su publicación, Valenzuela Gil explicó que el Ministerio Público Federal ordenó la localización de testigos o personas que podrían aportar datos sobre lo ocurrido esa noche. La orden se emitió y se reiteró en varias ocasiones, pero hasta la fecha no existe constancia de que se haya cumplido. La madre subrayó que no hay un informe completo sobre las acciones realizadas para ejecutarla, lo que consideró grave. “Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia: es un mandato que las autoridades deben ejecutar”, afirmó.
El 21 de octubre de 2026, la asesoría jurídica de la familia solicitó formalmente que las áreas de inteligencia del Estado apoyaran la localización de uno de los testigos. Según Valenzuela Gil, hasta el momento de presentar el amparo no habían recibido respuesta. La demandante cuestionó por qué no se utilizan las capacidades del Estado para buscar a su hijo, cuando esas mismas capacidades se emplean para localizar a otras personas.
La demanda de amparo atribuye al secretario Omar García Harfuch y a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial una presunta omisión en la supervisión de las diligencias. También señala a otras áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por presuntas omisiones en la ejecución de las órdenes. Valenzuela Gil enfatizó que las autoridades no pueden elegir a quién buscan y recordó que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y la Ley General de Víctimas imponen la obligación de buscar y garantizar el derecho a la verdad.
El caso de Carlos Emilio fue inicialmente investigado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y posteriormente atraído por la Fiscalía General de la República. En octubre de 2026, autoridades federales aseguraron el inmueble de Terraza Valentino como parte de las investigaciones. La madre ha mantenido una búsqueda constante durante más de 13 meses, ha interpuesto diversos recursos legales, ha solicitado apoyos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ha realizado gestiones ante diferentes niveles de gobierno, incluida una entrega de carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Valenzuela Gil señaló que cada día que pasa sin el cumplimiento de las órdenes es un día más sin saber qué le ocurrió a su hijo y que el tiempo perdido en la búsqueda puede resultar irreparable. “Hoy el Secretario Harfuch está en Mazatlán. Aquí hay una madre esperando respuestas. No es un favor. Es una obligación del Estado y un derecho nuestro. No vamos a dejar de exigirlo”, escribió.
La presentación del amparo se da en un contexto en el que la familia ha denunciado reiteradamente la falta de avances concretos, la necesidad de interconectar bases de datos forenses y la importancia de que las diligencias se ejecuten de manera efectiva. Carlos Emilio continúa desaparecido y su madre mantiene la exigencia de que se active toda la capacidad institucional para localizarlo y esclarecer los hechos.
