Maribel Garza Alvarado, madre de Carlos y David “N”, los gemelos de 18 años conocidos como “Los Cuates” y vinculados a proceso por el ataque registrado el 1 de octubre en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, aseguró que elementos de la Fiscalía ingresaron a su domicilio sin mostrarle una orden y expresó temor de que se “siembren” objetos para incriminar a sus hijos.
En declaraciones recientes, la mujer relató que al llegar a la vivienda encontró a los agentes y solicitó ver el documento que autorizaba el cateo, pero, según su versión, fue ignorada. “Me ignoró, no me enseñó ninguna hoja”, afirmó. Tras la diligencia, realizada la tarde-noche del domingo 4 de octubre, horas después de que un juez de control los vinculara a proceso, Maribel dijo temer que las autoridades introduzcan elementos que los relacionen con los hechos.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas del jueves 1 de octubre. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los dos hermanos, exalumnos y vecinos del plantel, ingresaron encapuchados y armados con armas blancas y petardos. El saldo fue la muerte de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y lesiones a cuatro personas: dos docentes y dos estudiantes. Uno de los alumnos, Alexis, de 13 años, sufrió la amputación de una mano y permanece en terapia intensiva; el profesor Ricardo continúa en observación, mientras que otros dos lesionados han evolucionado de manera favorable.
Los hermanos fueron retenidos por vecinos del ejido y entregados a las autoridades. El domingo 4 de octubre, un juez los vinculó a proceso por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, así como por tentativa de homicidio calificado contra las cuatro víctimas sobrevivientes. Se les dictó prisión preventiva justificada y se abrió un plazo de investigación complementaria que vence en abril de 2027.
La Fiscalía ha señalado que investiga posibles vínculos de los jóvenes con comunidades digitales que promueven la admiración por autores de ataques en centros educativos de otros países. También ha mencionado un contexto de desvinculación familiar y que uno de ellos había permanecido en un centro de rehabilitación por decisión de la familia, aunque no por consumo de sustancias.
Maribel, por su parte, ha sostenido una versión distinta. Aseguró que la mañana de los hechos sus hijos le dijeron que saldrían a entregar una solicitud de empleo y que ella se encontraba dormida. Afirmó que, al ver las fotografías y videos posteriores, no observó manchas de sangre en su ropa, y pidió que se investigue a fondo. “Cuando se comete un crimen, se manchan de sangre y mis hijos no estaban manchados”, declaró. La madre ha reiterado que no abandonará a Carlos y David: “Si ellos hicieron eso o no, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”.
La mujer también denunció haber recibido amenazas que la obligaron a dejar temporalmente su casa y su trabajo, y dijo haber presentado la queja correspondiente ante la Fiscalía. Además, indicó que durante una visita a la prisión uno de sus hijos le preguntó, entre lágrimas, si podría salir, a lo que ella respondió que no sabía.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente los resultados del cateo ni han confirmado el aseguramiento de objetos específicos. La Fiscalía mantiene en secrecía parte de las diligencias para no afectar la carpeta de investigación. El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que se robustecerá el expediente con el objetivo de alcanzar una sentencia que podría llegar hasta 60 años de prisión.
El caso continúa en etapa de investigación. Mientras las autoridades recaban pruebas y analizan materiales digitales y el entorno de los jóvenes, la madre de los imputados insiste en que se actúe con transparencia y se respeten las garantías legales de sus hijos.
