Organizaciones de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos han lanzado un llamado al gremio periodística y a la sociedad civil a participar en una marcha nacional programada para este domingo 4 de enero de 2026, en el marco del Día Nacional del Periodista, con el objetivo de protestar contra lo que consideran una creciente criminalización del ejercicio periodístico y una amenaza a la libertad de expresión en México.
Bajo el lema “¡No somos terroristas, somos periodistas!”, la movilización busca visibilizar y condenar el uso de procesos penales —incluyendo figuras de alta gravedad— como mecanismos de censura o intimidación contra profesionales de la información, en un contexto en el que diversos colectivos han denunciado detenciones y vinculaciones judiciales que, aseguran, están directamente relacionadas con la labor informativa.
La convocatoria plantea una jornada de protestas simultáneas en las capitales de los estados del país, con una concentración principal en la Ciudad de México, donde los contingentes partirán a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. En otras entidades, los organizadores han convocado a concentraciones en plazas públicas y sedes gubernamentales para sumar voces a la exigencia de protección para la prensa.
Los promotores de la marcha, entre ellos colectivos de periodistas independientes y agrupaciones de derechos humanos, han expresado su profunda preocupación por recientes casos de criminalización judicializada. Citan como ejemplo detenciones y procesos legales abiertos contra reporteros que cubren temas complejos como violencia, crimen organizado y corrupción, señalando que el uso de figuras penales graves puede servir para coartar la libertad de investigar y difundir información de interés público.
Este reclamo se enmarca en un contexto más amplio de preocupación sobre la seguridad y ejercicio del periodismo en México. Diversos informes y organizaciones tanto nacionales como internacionales han documentado altos niveles de agresiones, intimidaciones y violencia contra comunicadores, así como alarmantes índices de impunidad en delitos cometidos en su contra, reflejo de un entorno que muchos analistas consideran hostil para la libertad de expresión.
La marcha de este 4 de enero se presenta no sólo como un reclamo gremial, sino como un llamado amplio de la sociedad para defender los derechos constitucionales de libre expresión y reunión pacífica, elementos que defensores de derechos humanos consideran esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho en México.
Mientras se esperaba la participación de profesionales de los medios, estudiantes de comunicación, activistas y ciudadanos, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para la difusión de la convocatoria y la discusión pública sobre los retos a los que se enfrenta el periodismo en el país en el inicio de 2026.
