La Cámara de Diputados determinó reservar por cinco años la información relacionada con el proceso mediante el cual fueron electos Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puga Blanca y Yasajara Cruz García como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), una decisión que volvió a colocar bajo cuestionamiento la transparencia y legalidad del mecanismo impulsado por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.
El Comité de Transparencia de la Cámara baja confirmó la clasificación como “reserva total” de la documentación correspondiente a las 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para ocupar consejerías electorales del Consejo General del INE. La resolución fue emitida para atender las solicitudes de información identificadas con los folios 400030200041626 y 400030200049125.
De acuerdo con el documento aprobado, la reserva tendrá una vigencia de cinco años, lo que impedirá el acceso público a expedientes, evaluaciones, dictámenes y demás documentación utilizada durante el procedimiento de selección que culminó con la designación de los nuevos integrantes del órgano electoral.
La determinación se produce semanas después de que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México aprobaran, el pasado 21 de abril, el acuerdo derivado del Comité de Evaluación encargado de proponer a las personas aspirantes finalistas para integrar el Consejo General del INE. En contraste, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra y denunciaron irregularidades durante todo el proceso.
Desde el inicio de las comparecencias y evaluaciones, legisladores de oposición acusaron que el Comité Técnico de Evaluación operó bajo criterios poco claros y sin transparentar la metodología utilizada para calificar a los aspirantes. Las críticas se concentraron especialmente en la falta de acceso a los puntajes, entrevistas completas, deliberaciones internas y razones específicas que llevaron a seleccionar determinados perfiles por encima de otros.
Diputados opositores sostuvieron además que el procedimiento favoreció a perfiles cercanos políticamente al oficialismo, lo que, advirtieron, podría comprometer la autonomía e independencia del árbitro electoral en un momento clave rumbo a los próximos procesos electorales federales y locales.
La reserva de la información profundizó esas críticas. Para la oposición, impedir el acceso a los expedientes alimenta la percepción de que el proceso estuvo marcado por acuerdos políticos y criterios discrecionales. Legisladores panistas y priistas señalaron que la transparencia en la designación de autoridades electorales es un elemento indispensable para garantizar confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Previo a la votación del acuerdo del Comité de Transparencia, el secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, dio lectura al posicionamiento de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien se manifestó en contra de reservar la información relacionada con la elección de consejeros del INE.
En su postura, la legisladora sostuvo que las instituciones públicas deben actuar bajo principios de máxima publicidad y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de decisiones vinculadas con organismos autónomos encargados de organizar elecciones.
“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, expresó el posicionamiento leído durante la sesión.
El debate sobre la reserva ocurre en un contexto de confrontación política permanente en torno al INE y a los mecanismos de designación de sus consejeros. En los últimos años, Morena y sus aliados han defendido cambios estructurales al sistema electoral bajo el argumento de combatir privilegios y fortalecer la representación popular, mientras que la oposición ha advertido riesgos de captura institucional y debilitamiento de los órganos autónomos.
Especialistas en transparencia y derecho electoral han señalado en distintos momentos que la información relacionada con procesos de selección de funcionarios públicos, particularmente en organismos constitucionales autónomos, debe privilegiar el principio de publicidad, salvo casos excepcionales plenamente justificados por la ley. Bajo esa lógica, la decisión de clasificar la documentación por cinco años podría abrir nuevos recursos legales y solicitudes de revisión ante instancias garantes de acceso a la información.
La controversia también revive cuestionamientos sobre el papel de la mayoría legislativa en San Lázaro y la forma en que se han construido acuerdos para definir perfiles clave dentro de instituciones electorales. Aunque Morena y sus aliados han defendido la legalidad del procedimiento y el cumplimiento de las etapas previstas en la convocatoria, la oposición insiste en que la negativa a transparentar los criterios de evaluación fortalece las sospechas de un proceso controlado políticamente.
