La nueva normativa federal que restringe el uso de teléfonos móviles en primarias y secundarias entra en vigor este 3 de noviembre. Mientras el gobierno busca frenar la dependencia digital, familias en zonas vulnerables como Sinaloa alzan la voz ante el temor de quedar incomunicadas en situaciones de riesgo.
A partir de este martes 3 de noviembre de 2026, las aulas de educación básica en México vivirán un cambio histórico: entra en vigor la restricción total del uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes en los planteles de preescolar, primaria y secundaria. La medida, impulsada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldada por unanimidad por las autoridades educativas de las 32 entidades del país.
El objetivo central de la normativa es claro: combatir las distracciones en el aula, mitigar riesgos como el ciberacoso y rescatar la atención y creatividad de los alumnos apartándolos del uso indiscriminado de las pantallas y redes sociales durante las clases y los recreos. Los estudiantes podrán llevar el dispositivo en sus mochilas, pero este deberá permanecer guardado y apagado. Las únicas excepciones contempladas serán para fines pedagógicos bajo supervisión docente, por motivos de salud, discapacidad o emergencias médicas comprobables.
Sin embargo, lo que en el papel se presenta como un avance educativo, en la práctica ha encendido las alarmas de miles de familias mexicanas.
El conflicto en regiones de alta vulnerabilidad
La mayor resistencia a esta normativa proviene de estados azotados por la delincuencia. En regiones como Culiacán y otros municipios de Sinaloa, diversos colectivos de padres de familia manifestaron públicamente su rechazo al decreto. Argumentan que, ante la persistente violencia e incidentes recientes —como el ataque a tiros contra un transporte escolar el pasado octubre en Escuinapa—, el teléfono móvil no es un juguete de distracción, sino un hilo vital de comunicación inmediata.
Para muchos padres, la posibilidad de contactar a sus hijos en tiempo real ante una balacera o una emergencia civil es un derecho de seguridad innegociable. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) del estado ha indicado que se encuentra desarrollando los protocolos y manuales específicos para directivos, pero la tensión entre la salud mental y la seguridad inmediata de los menores mantiene abierto un debate complejo que apenas comienza.
