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Vinculan a proceso a presunto operador financiero de La Barredora y Cártel del Noreste

Las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
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Justo Aurelio Rivera Parrazales fue vinculado a proceso por delitos relacionados con lavado de dinero y contra la salud. El gabinete de seguridad federal lo identifica como presunto operador logístico y financiero de “La Barredora” y del Cártel del Noreste.

Un juez federal determinó sujetarlo a prisión preventiva justificada y concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria.

Rivera Parrazales, identificado en las investigaciones oficiales como Justo Aurelio “N”, permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial. La vinculación no implica una sentencia definitiva y el imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia.

¿De qué delitos acusan a Justo Aurelio Rivera?

La FGR presentó ante un juez federal elementos para imputarlo por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

Las autoridades federales sostienen que el detenido habría desempeñado funciones de carácter financiero y logístico para organizaciones criminales con presencia en distintas regiones del país.

Así fue detenido en Mérida

La captura ocurrió durante la madrugada del 17 de julio, cuando elementos de seguridad ejecutaron un cateo en una residencia ubicada en la colonia San Ramón Norte, en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con la información oficial, Rivera Parrazales fue detenido en flagrancia durante el operativo.

Las diligencias posteriores permitieron realizar otros cateos relacionados con la investigación, en los que fueron asegurados narcóticos, armas, una caja fuerte y diversos bienes cuyo valor conjunto supera los 145 millones de pesos.

Aseguran 15 vehículos de lujo

Entre los bienes decomisados destaca una colección de 15 vehículos de alta gama, algunos de los cuales el propio detenido presumía en redes sociales.

La lista incluye Tesla Cybertruck, Lamborghini, Porsche y Mustang, entre otros automóviles y camionetas considerados de lujo.

El aseguramiento de estos vehículos forma parte de las investigaciones sobre el presunto patrimonio y las operaciones financieras atribuidas al detenido.

Empresario farmacéutico y presunta fachada para lavar dinero

Además de los señalamientos relacionados con el crimen organizado, las autoridades investigan las actividades empresariales de Rivera Parrazales.

Los reportes de inteligencia señalan que era socio de al menos cuatro empresas vinculadas con la industria farmacéutica, registradas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las compañías habrían participado como proveedoras de materiales de curación e insumos médicos para hospitales públicos de distintos gobiernos estatales.

La FGR investiga si estas actividades empresariales fueron utilizadas para ocultar o dar apariencia legal a recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente fingió su muerte

Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro de la investigación es que, según las autoridades, Rivera Parrazales habría fingido su fallecimiento durante 2025.

La hipótesis de los investigadores es que esta maniobra habría tenido como objetivo desaparecer del radar de las autoridades y evadir las indagatorias relacionadas con presuntas operaciones financieras ilícitas.

¿Qué relación tiene con La Barredora?

El gabinete de seguridad federal ubica a Rivera Parrazales como presunto operador logístico y financiero de La Barredora y del Cártel del Noreste.

Las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado por autoridades como presunto líder de La Barredora.

Asimismo, las autoridades indagan posibles conexiones financieras y redes de influencia con personajes políticos y exgobernadores del sureste mexicano.

Por ahora, el proceso judicial continuará con la investigación complementaria de la FGR. El plazo concedido por el juez será clave para que el Ministerio Público federal presente nuevos elementos y determine los siguientes pasos del caso.

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