La violencia contra actores políticos volvió a colocarse en el centro del debate público tras registrarse, en el transcurso del último mes, al menos tres agresiones graves contra integrantes de Movimiento Ciudadano en distintas entidades del país, hechos que han generado preocupación dentro del partido y han reavivado las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida política local en México.
El primer caso se registró el pasado 20 de enero en el municipio de Miacatlán, Morelos, donde el domicilio de Elías Morán, comisionado municipal de Movimiento Ciudadano Morelos y ex candidato a la alcaldía, fue blanco de un ataque armado. Durante la madrugada se escucharon detonaciones de arma de fuego, de acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, mientras que integrantes del propio partido confirmaron el hecho a través de mensajes difundidos en redes sociales. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el ataque generó un clima de temor entre militantes y simpatizantes en la región.
Tras lo ocurrido, la dirigencia estatal del partido en Morelos fijó una postura pública. La coordinadora estatal, Jéssica Ortega de la Cruz, condenó enérgicamente la agresión y la calificó como un acto intolerable de violencia que busca intimidar y silenciar a actores políticos y sociales comprometidos con la vida democrática del estado. En su pronunciamiento, subrayó que este tipo de hechos no sólo atentan contra la integridad de las personas, sino que representan una amenaza directa al ejercicio libre de la participación política.
Apenas ocho días después, el 28 de enero, la violencia volvió a sacudir a Movimiento Ciudadano, ahora en Sinaloa. Sergio Torres Félix, diputado local por el partido y presidente estatal de la fuerza política, fue víctima de una agresión armada a plena luz del día en el centro de la capital sinaloense. El ataque ocurrió cuando el legislador se encontraba acompañado por la también diputada local y militante de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, quien resultó gravemente herida y perdió un ojo como consecuencia de la agresión. El hecho provocó una fuerte reacción tanto en el ámbito político local como a nivel nacional, al evidenciar nuevamente la vulnerabilidad de representantes populares frente a la violencia armada.
El episodio más reciente mantiene en vilo a militantes y autoridades en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia de la entidad mantiene activa la búsqueda de Alejandra Rojas Báez, presidenta del Comité Directivo Municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 30 de enero. De acuerdo con la información disponible, la dirigente partidista fue vista por última vez en el municipio de Tlalnepantla de Baz, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. El caso ha encendido las alarmas no sólo dentro del partido, sino también entre organizaciones y actores que siguen de cerca los fenómenos de violencia y desaparición en la entidad.
Estos tres hechos, ocurridos en un lapso menor a dos semanas y en entidades distintas del país, han sido interpretados por Movimiento Ciudadano como señales preocupantes de un entorno cada vez más hostil para la actividad política, especialmente a nivel local. Dirigentes y militantes han advertido que la normalización de este tipo de agresiones representa un riesgo para la democracia, al inhibir la participación ciudadana y el libre ejercicio de los derechos políticos.
Mientras las investigaciones continúan en cada uno de los casos y las autoridades estatales correspondientes aseguran mantener abiertas las indagatorias, la preocupación persiste. Los ataques armados y la desaparición de una dirigente municipal se suman a una larga lista de episodios de violencia política que, en los últimos años, han marcado el panorama electoral y partidista en México, dejando en evidencia la urgencia de garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en la vida pública del país.
