Opinión Por: Luis Felipe García Chávez

Toluca en un bache

En esta semana que acaba, un grupo de líderes de cámaras empresariales, salieron a conferencia de prensa para exponer uno de los temas que más nos aqueja en nuestro municipio: los baches.

Hemos señalado en anteriores columnas que la problemática es similar a otras, en el sentido de que, si por décadas se ha tratado de resolver de una manera, debería de plantearse diferente para que veamos un cambio que rompa el paradigma que en este momento nos impide ofrecer un desenlace que satisfaga a los ciudadanos que padecemos día a día el deplorable estado de nuestras vialidades.

Las propuestas que se han hecho en campañas a lo largo de los años, no han dado resultados positivos, desde mi punto de vista y entre otros factores, por qué no hay una eficaz coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Es oportuno mencionar que nuestro municipio está alineado a cambiar lo anterior, en función de que, en pocos meses, los tres órdenes de gobierno serán del mismo partido.

Luego entonces, no estaríamos lejos de resolver este problema, a menos de que el obstáculo se genere en función de lo que indican varios sectores, en el sentido de señalar que es la corrupción generada por la connivencia de empresarios y los candidatos que hicieron campaña, invirtiendo, -más allá de los límites legales-, en ellos para que los que ganaran, después pagaran esos compromisos, a través de adjudicación de obra pública.

Es por esta razón, que hago propia las palabras del entonces candidato Jorge Álvarez Máynez cuando propuso que tanto los candidatos como las empresas a las que se adjudiquen contratos de obra pública reúnan los requisitos de la Ley 3 de 3.

La Ley 3 de 3 fue redactada por una asociación civil integrada por Josefina Cortés, Max Kaiser y José Roldán Xopa; sin embargo, otros especialistas y asociaciones están involucrados en su creación.

El objetivo de esta propuesta surgió para “forjar gobiernos más honestos e íntegros y reducir riesgos de corrupción” de acuerdo con el grupo ciudadano.

El primero de sus ejes tiene como propósito detallar los gastos e inversiones del Gobierno, considerando que su origen proviene de los impuestos pagados por los ciudadanos, por lo tanto, los funcionarios también deben formar parte de la contribución al erario público del país.

En segundo lugar, la declaración fiscal permite conocer los bienes e ingresos económicos de los empleados gubernamentales desde el comienzo de su cargo hasta cuando es finalizado. De este modo es posible identificar aluna irregularidad en caso de que no correspondan los gastos con los ingresos percibidos.

Por último, la declaración de intereses consiste en explicar si existen parientes o amistades cercanas a la política o se beneficien por tener un cargo público de la relación. La función de conocer sus conexiones es para evitar privilegios en puestos de trabajo como el compadrazgo y fomentar la igualdad de oportunidades.

Esperemos lo mejor de nuestros gobernantes, implementando medidas eficaces en combinación con el compromiso de que los ciudadanos haremos todo para garantizar “quitarnos los baches” que impiden nuestro desarrollo permanente.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.