En una acción legal significativa, una coalición de 18 estados liderados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, presentó el martes una demanda en un tribunal federal de Boston, desafiando uno de los decretos firmados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de asumir el cargo. La demanda cuestiona la medida que busca revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la Constitución de Estados Unidos.
La demanda alega que el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es una violación flagrante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los residentes nacidos en territorio estadounidense. Esta acción legal es la primera en una serie de litigios que se están presentando para desafiar la agenda del presidente republicano en materia de inmigración.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien lidera la coalición de estados demandantes, expresó en un comunicado que la demanda tiene como objetivo enviar un mensaje claro al Gobierno de Trump: “Defenderemos a nuestros residentes y sus derechos constitucionales básicos”.
Cabe resaltar que la demanda se produce después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), diversas organizaciones pro-inmigrantes y una futura madre también presentaran casos similares a las pocas horas de que Trump firmara el polémico decreto.
Este desafío legal apunta a una de las medidas más controvertidas de la administración Trump, que ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en Estados Unidos de madres que se encuentren en el país de manera ilegal o con presencia temporal, como los titulares de visados, ni a los padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
Las demandas fueron presentadas en tribunales federales en Boston, Massachusetts, y Concord, Nuevo Hampshire, y marcan el inicio de una batalla legal más amplia contra las políticas inmigratorias del presidente Trump. A medida que la administración republicana continúa implementando medidas para restringir la inmigración, se espera que más estados y grupos de derechos civiles se sumen a las acciones legales en curso.
Además de los casos relacionados con la ciudadanía por derecho de nacimiento, se anticipa que surgirán más demandas en los próximos días. Algunas ya se han presentado para cuestionar decisiones como la debilitación de las protecciones laborales para los funcionarios públicos, ordenada por Trump, y otros aspectos de su agenda en materia de inmigración y eficiencia gubernamental, como las reformas impulsadas por Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Este primer litigio importante en el nuevo mandato de Trump resalta el creciente choque entre los esfuerzos de la administración republicana por implementar políticas restrictivas de inmigración y la resistencia organizada de los estados y grupos de defensa que defienden los derechos constitucionales de los inmigrantes y sus familias.
