En un episodio que ha puesto de nuevo en el centro el riesgo para periodistas y la libertad de expresión, la organización Artículo 19 arremetió este miércoles contra el senador Gerardo Fernández Noroña por difundir una fotografía de la periodista Azucena Uresti acompañada de información privada sobre su supuesto domicilio y el valor de la propiedad. La publicación se hizo en la red social X, y, de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, constituye una grave forma de violencia digital.
El 12 de noviembre el senador Gerardo Fernández Noroña publicó, de nueva cuenta en “X” información de la periodista Azucena Uresti. En esta ocasión el senador publicó que la periodista fue presuntamente a comprar un vehículo. Posteriormente, argumentó que las publicaciones de Uresti correspondían a “golpes” y “acoso”, mientras que él da “una información veraz”.
Artículo 19 republicó una recomendación que hizo al senador, recordando la imagen compartida por el legislador morenista de la periodista en un gimnasio, la cual fue tomada sin consentimiento de las redes sociales personales de Uresti. Se trata de una fotografía de noviembre de 2022 en la que la conductora aparece dentro de un gimnasio, y que Noroña vinculó con afirmaciones sobre la propiedad de un departamento en Paseo de la Reforma. Uresti ha desmentido tajantemente esa versión: dijo que nunca fue propietaria de ese inmueble, sino que solo vivió ahí como arrendataria, y que ya no reside en ese edificio desde hace más de un año.
La difusión de esos datos privados se produjo en un contexto mediático tenso. La periodista había pedido al senador aclarar afirmaciones que él mismo hizo el día anterior, en las que la acusaba de poseer un lujoso departamento valuado en más de 13 millones de pesos, como parte de una respuesta a cuestionamientos sobre un inmueble suyo en Tepoztlán, Morelos, que se ha estimado en alrededor de 12 millones de pesos. Para Artículo 19, las acusaciones de Noroña no solo carecen de veracidad sino que buscan desviar la atención pública del debate sobre sus propias adquisiciones.
Para la organización, la acción del senador se enmarca en lo que se conoce como doxing, una práctica donde se divulgan datos íntimos o sensibles de una persona sin su permiso, lo cual puede poner en riesgo su integridad. Artículo 19 advierte que este tipo de violencia digital contra mujeres periodistas no es algo nuevo, sino la continuidad de agresiones que tradicionalmente se vivieron en el ámbito físico. Citando a ONU Mujeres, la ONG subraya que la exposición de información privada puede derivar en hostigamiento aún más grave: amenazas físicas, ataques cibernéticos e incluso violencia organizada desde las redes.
La gravedad del caso se agrava si se considera el historial de amenazas que ha sufrido Uresti: ya en años anteriores ha sido blanco de intimidaciones por parte de grupos del crimen organizado, lo que coloca su seguridad en una situación de vulnerabilidad particular. Artículo 19 recuerda que estas condiciones no son meramente simbólicas: revelar su ubicación o supuestas posesiones puede agravar los riesgos que ya enfrenta por su trabajo periodístico.
En su pronunciamiento, la organización insiste en que la acción de Noroña contradice obligaciones esenciales de un funcionario público. Según Artículo 19, como senador debe adherirse al Principio 11 de la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, que establece que los servidores públicos, por su exposición en el escrutinio público, deben tolerar un mayor cuestionamiento y abstenerse de recurrir a tácticas de señalamiento para desviar la atención.
Artículo 19 exige que Fernández Noroña detenga de inmediato cualquier práctica violenta contra Uresti. Además, solicita al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas que otorgue medidas urgentes, eficaces e integrales a favor de la comunicadora, tomando en cuenta el contexto de riesgo real que enfrenta.
Este episodio vuelve a plantear una pregunta urgente para la democracia mexicana: ¿hasta dónde pueden llegar los representantes públicos en sus ataques mediáticos sin poner en peligro no solo la reputación, sino la seguridad física y digital de quienes informan? Artículo 19 advierte que, lejos de ser un enfrentamiento personal, estamos ante una crisis de derechos fundamentales que exige respuestas institucionales y protecciones efectivas.
