El Ayuntamiento de Tecate, Baja California, encabezado por el alcalde Román Cota Muñoz, se deslindó de manera oficial de cualquier vínculo con Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, la inspectora y notificadora del Departamento de Justicia Cívica que fue detenida el 26 de agosto de 2026 en el puerto de entrada de Tecate cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con un cargamento de metanfetamina.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Distrito Sur de California, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) localizaron 153 libras —equivalentes a 69.39 kilogramos— de la sustancia en un compartimento modificado ubicado debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero de un Nissan Rogue modelo 2020 que conducía Ortega Olazagasti. La detención ocurrió alrededor del mediodía de ese día, después de que un binomio canino alertara sobre la posible presencia de narcóticos y se realizara una inspección exhaustiva del vehículo.
Durante más de una semana el gobierno municipal mantuvo silencio sobre el estatus laboral de la trabajadora. No fue sino hasta el 2 de septiembre —siete días después del arresto— cuando el Ayuntamiento informó que Ortega Olazagasti había dejado de formar parte de la administración municipal. En un comunicado oficial difundido días después, la dependencia subrayó que “el Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal”.
El texto agregó que los actos atribuidos a la exfuncionaria no guardan relación alguna con las funciones que desempeñaba dentro del área de Justicia Cívica, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, ni representan el actuar de la administración municipal. El gobierno local señaló que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos, determinar responsabilidades y aplicar la ley conforme a derecho, y se declaró dispuesto a colaborar en caso de ser requerido.
Registros del portal de transparencia municipal confirman que Ortega Olazagasti se desempeñaba como inspectora y notificadora, con un sueldo catorcenal cercano a los 13 mil 650 pesos. Su nombre no había figurado en ningún encabezado ni declaración pública hasta que se conoció su detención en territorio estadounidense. Hasta el momento, no existe elemento público que relacione el presunto traslado de metanfetamina con las labores que realizaba en el Ayuntamiento ni con otros servidores públicos de la administración de Román Cota Muñoz.
Hasta la fecha de publicación de esta nota, las investigaciones continúan bajo jurisdicción estadounidense. No se ha informado de indicios que involucren a otros funcionarios del gobierno de Tecate ni de alguna operación de mayor alcance relacionada con el cargamento asegurado. El municipio reiteró su disposición a aportar la información que le sea solicitada por las autoridades competentes.
El episodio pone de relieve la delicada posición de los gobiernos locales fronterizos cuando uno de sus trabajadores resulta involucrado en un delito federal del otro lado de la línea divisoria. En este caso, la respuesta oficial del Ayuntamiento de Tecate se limitó a deslindarse, confirmar la separación laboral y remitir cualquier responsabilidad a las instancias judiciales correspondientes.
