La presencia sorpresiva de una aeronave militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca ha generado este lunes fuertes reacciones políticas en México, en medio de una serie de avisos de aeronavegación emitidos por autoridades de Estados Unidos para espacios aéreos sobre el Pacífico mexicano. La controversia alcanza ahora a la Cámara de Senadores, donde el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, demandó explicaciones claras al Gobierno federal y alertó sobre posibles omisiones en el cumplimiento de la Constitución.
El fin de semana circularon en redes sociales imágenes y rastros de un avión militar Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto de Toluca y posteriormente regresó a territorio estadounidense.
Aunque el Gabinete de Seguridad mexicano informó que el arribo obedeció a un “vuelo autorizado por autoridades mexicanas” vinculado con actividades de capacitación y que no implicó afectaciones a las operaciones civiles del aeropuerto, el legislador de MC insistió en que el Senado no ha sesionado ni aprobado la entrada de tropas extranjeras al país. En su cuenta de X (antes Twitter), Castañeda señaló que, según el artículo 76, fracción III, de la Constitución, es competencia exclusiva del Senado autorizar el ingreso y tránsito de fuerzas armadas foráneas en territorio nacional. Asimismo, pidió que el Gobierno explique si la presencia del avión correspondería a una solicitud de autorización hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 17 de diciembre de 2025, cuya discusión en la Cámara alta fue aplazada.
La solicitud presidencial en cuestión habría sido para permitir la entrada de personal de élite de la Marina de Estados Unidos, como los Navy SEALs y elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, con el objetivo —según el Ejecutivo— de participar en entrenamientos conjuntos con la Marina mexicana. Sin embargo, ese punto quedó pendiente de revisión formal en el Senado debido a la postergación de sesiones en la Comisión de Marina.
En paralelo, el alerta aeronáutica de la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos incluyendo espacios sobre el Golfo de California y el Pacífico mexicano —que advierte sobre “operaciones militares” y posibles interferencias en sistemas de navegación para aviación civil— ha añadido un telón de fondo de tensión a este episodio. El aviso, vigente hasta marzo de 2026, se emite en un contexto de presiones de Washington para intensificar la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en un momento de relación bilateral compleja.
La exigencia de Castañeda y otros legisladores de MC se centra en ese vacío informativo y en el respeto estricto a las disposiciones constitucionales que rigen la soberanía y la intervención de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
En la mañanera de hoy, la presidenta confirmó que el ataerrizaje de la aeronave se debió a un “asunto de capacitación” y que “no es algo excepcional” y que “Un equipo de la SSPC se fue a capacitar allá”.
