En entrevista con Azucena Uresti, el periodista Jorge García Orozco reveló un dato que reaviva la polémica sobre el discurso de austeridad en el Poder Judicial. De acuerdo con su investigación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con 97 asesores a su disposición, una cifra que contrasta de manera abismal con los seis que tenía su antecesora, Norma Piña, cuando encabezó al máximo tribunal del país.
El señalamiento pone bajo la lupa el argumento que dio pie al desmantelamiento presupuestal del Poder Judicial, cuando desde el Ejecutivo y el Legislativo se insistió en que existían privilegios y excesos en la Suprema Corte. García Orozco detalló que de esos 97 asesores, 60 forman parte de la ponencia directa de Aguilar Ortiz, 28 pertenecen a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Corte y nueve más trabajan de forma inmediata en su oficina. En conjunto, estos colaboradores perciben más de seis millones de pesos mensuales en salarios, lo que refuerza la duda sobre la verdadera aplicación de la austeridad.
Entre los nombres destacados se encuentra Bidulfo Rosales, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación de Asesores, con un ingreso de 118 mil pesos al mes, y Daniel Wong Ibarra, quien fue señalado en el pasado por su cercanía con la Iglesia de la Luz del Mundo y cuestionado por asociaciones de abogados durante procesos de elección judicial. Su inclusión en el equipo del ministro presidente ha encendido nuevamente las críticas sobre los criterios de selección y la transparencia en la Suprema Corte.
La revelación no solo exhibe una contradicción con el discurso oficial de eficiencia y reducción de gastos, sino que además coloca en el centro del debate la legitimidad de las decisiones que han precarizado a otras áreas del Poder Judicial con el argumento de erradicar excesos. Mientras tanto, la figura de Aguilar Ortiz queda expuesta en un escenario donde la austeridad parece ser más un recurso político que una práctica institucional.
