La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes 12 de junio de 2026 el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión fue respaldada por legisladores del PAN, PRI y Morena, quienes avalaron el dictamen derivado de una denuncia que señala presuntos actos de corrupción, peculado y posible triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados a familiares del mandatario estatal.
El avance del proceso abre un nuevo capítulo en la confrontación política entre el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso local, una relación que ha estado marcada por disputas institucionales y litigios judiciales durante los últimos años.
La solicitud que dio origen al procedimiento fue presentada por la dirigencia estatal de Morena, la cual acusa al gobernador de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión Anticorrupción, existen elementos suficientes para iniciar formalmente el análisis del caso y permitir que el mandatario presente su defensa antes de que el expediente sea sometido a consideración del Pleno del Congreso.
El procedimiento no implica una sanción inmediata ni la destitución automática del gobernador, sino el inicio de una etapa de revisión legislativa que deberá cumplir con diversas fases establecidas en la legislación local.
Entre los señalamientos contenidos en la solicitud de juicio político destacan:
- Presuntos actos de corrupción.
- Posible peculado o uso indebido de recursos públicos.
- Supuesta triangulación de fondos gubernamentales.
- Presuntos beneficios a despachos jurídicos propiedad de integrantes de su familia.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un procedimiento legislativo en curso y deberán ser analizadas dentro de las etapas correspondientes del proceso.
Samuel García deberá comparecer ante el Congreso local
Como parte del procedimiento, la Comisión Anticorrupción declaró una sesión permanente y acordó emplazar formalmente al titular del Ejecutivo estatal.
El gobernador fue citado para comparecer el próximo 23 de junio de 2026 a las 16:00 horas ante el Congreso de Nuevo León.
La comparecencia podrá realizarse de manera presencial o mediante representantes legales, quienes tendrán la oportunidad de responder a las acusaciones y presentar las pruebas que consideren pertinentes para sustentar su defensa.
Los diputados de Movimiento Ciudadano manifestaron su desacuerdo con la decisión adoptada por la comisión legislativa.
La bancada naranja sostuvo que las acusaciones carecen de sustento jurídico suficiente y calificó el procedimiento como una acción con motivaciones políticas.
Los legisladores emecistas argumentaron que el juicio político responde a una estrategia de confrontación impulsada por fuerzas opositoras dentro del Congreso local.
¿Qué sigue en el proceso de juicio político?
Tras la etapa de emplazamiento y el desahogo de las audiencias correspondientes, la Comisión Anticorrupción deberá elaborar un informe final sobre el caso.
Posteriormente, el expediente será remitido al Pleno del Congreso de Nuevo León, órgano que tendrá la responsabilidad de analizar el dictamen y votar si procede o no el juicio político de manera definitiva.
La resolución final dependerá de la votación de los diputados locales.
En caso de que el Congreso determine la procedencia del juicio político, podrían imponerse las sanciones previstas por la legislación aplicable, siempre dentro de los límites constitucionales y legales correspondientes.
Por ahora, el procedimiento se encuentra en una fase inicial y aún deberá superar varias etapas antes de alcanzar una resolución definitiva.
Antecedentes de los conflictos entre Samuel García y el Congreso
La aprobación de este nuevo procedimiento ocurre en un contexto de constantes disputas entre el gobernador y el Poder Legislativo estatal.
En procesos anteriores, Samuel García ha recurrido a recursos legales, amparos e impugnaciones ante instancias del Poder Judicial de la Federación para frenar intentos de sanción, destitución o decisiones legislativas impulsadas desde el Congreso local.
Estos antecedentes anticipan que el nuevo procedimiento podría derivar nuevamente en una batalla jurídica paralela a la discusión política que actualmente se desarrolla en el Congreso de Nuevo León.
