La cumbre se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en el complejo Trump National Doral, en Florida, y reunió a líderes de alrededor de doce países de América Latina y el Caribe para discutir una estrategia coordinada de seguridad hemisférica.
Entre los países participantes estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, cuyos gobiernos se han mostrado cercanos a la agenda de Washington en materia de seguridad y política regional. Sin embargo, más allá de los acuerdos anunciados, el aspecto que más llamó la atención fue la lista de países que no fueron invitados.
Entre los países que no participaron destacan tres de las principales potencias políticas y económicas de América Latina:
- México
- Brasil
- Colombia
Estas naciones no fueron incluidas en la reunión inicial del proyecto, pese a su peso estratégico en la región. A ellos se suman otros gobiernos que tampoco estuvieron presentes, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos países sudamericanos que no confirmaron participación.
Entre todas las ausencias, la de México fue la más comentada. México es el vecino inmediato de Estados Unidos, comparte una frontera de más de 3,000 kilómetros y es su principal socio comercial dentro del tratado regional conocido como T-MEC. A pesar de ello, el país no recibió invitación para la primera reunión de la iniciativa.
Durante el encuentro, Trump incluso se refirió a México como el “epicentro” de la actividad de los cárteles en el hemisferio occidental, señalando que gran parte de la violencia del narcotráfico en la región tiene vínculos con organizaciones criminales mexicanas.
También criticó la postura del gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum, argumentando que su administración no ha permitido acciones militares estadounidenses contra los cárteles dentro del territorio mexicano. Este punto ha sido uno de los principales focos de tensión entre ambos países, ya que México mantiene una política histórica de no permitir operaciones militares extranjeras dentro de su territorio.
La ausencia de México también se produce en medio de diferencias en torno a las estrategias para enfrentar a los cárteles. En Estados Unidos se ha planteado en distintos momentos la posibilidad de clasificar a estas organizaciones como grupos terroristas, una medida que podría abrir la puerta a acciones más amplias contra sus estructuras. México, por su parte, ha defendido que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales existentes y respetar plenamente la soberanía del país.
El proyecto del Escudo de las Américas comenzó a gestarse semanas antes de la cumbre, cuando la Casa Blanca anunció la creación de una coalición regional destinada a combatir organizaciones criminales transnacionales, particularmente cárteles de drogas.
La iniciativa plantea que los países participantes compartan inteligencia, coordinen operativos y, si lo solicitan, reciban apoyo militar de Estados Unidos para atacar infraestructuras del narcotráfico. Además del combate al crimen organizado, la estrategia también busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina, un tema que Washington considera cada vez más relevante en la competencia geopolítica global.
La reunión ha sido interpretada por expertos como Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, como una reinterpretación moderna de la histórica Doctrina Monroe, la política estadounidense que desde el siglo XIX buscó mantener la influencia de EE. UU. en el hemisferio occidental. No obstante, analistas como Daniel Kersffeld advierten sobre los riesgos de esta estrategia: la exclusión de países clave como México, Brasil o Colombia podría profundizar las divisiones políticas en América Latina y dificultar una coordinación regional efectiva en temas de seguridad.
En cualquier caso, el Escudo de las Américas ya se perfila como una de las iniciativas geopolíticas más relevantes del continente en los últimos años. Y aunque la coalición apenas comienza a tomar forma, el debate sobre sus implicaciones —especialmente para México— apenas empieza.
